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Política, sexualidades y derechos

Foto: Carolina CraveroEstá disponible para descarga el libro Política, sexualidades y derechos. Primera Encuesta. Marcha del Orgullo y la Diversidad. Córdoba, Argentina. 2010. El documento presenta los resultados de la investigación coordinada por Tomás Iosa, Hugo H. Rabbia y Juan Marco Vaggione, que indagó, entre 459 participantes de este evento, la violencia cotidiana que enfrentan lesbianas, gays, bisexuales y trans por prejuicios sexuales y de género, los ámbitos sociales donde experimentan discriminación, los mecanismos de denuncia a los que acuden, así como distintos aspectos relacionados con la participación política de este sector.

El estudio destaca que 84,9% de la población LGBT encuestada contestó afirmativamente a por lo menos una de las preguntas sobre experiencias de discriminación; y 87,3% manifestó haber sufrido algún tipo de agresión relacionada con su identidad sexual, de género, o sus preferencias afectivas. Esto indica que en Córdoba existen mayores indicadores agregados de agresión o discriminación contra esta población que en ciudades como Bogotá, Buenos Aires, Santiago de Chile o São Paulo, donde el CLAM realizó el estudio Política, Derechos, Violencia y Homosexualidad. Para los investigadores, esto evidencia la urgencia de implementar políticas con perspectiva de derechos humanos que además de focalizarse en el género y la sexualidad, consideren también “cuestiones geopolíticas” que afectan de manera diferencial a las ciudades pequeñas, intermedias y grandes en materia de violencias genéricas y por prejuicio sexual.

Un aspecto novedoso de la encuesta de Córdoba respecto a sus pares de la región es la inclusión del “acoso sexual” en las preguntas sobre agresiones. El documento señala que el porcentaje de participantes que manifestaron haber sido víctima de acoso sexual fue casi tan alto (22,8%) como el de quienes reportaron agresiones físicas (23,3%), lo que evidencia una incidencia importante de esta forma de violencia que hasta ahora no había sido considerada. Entre los participantes que señalaron haber sido víctimas de acoso sexual, las personas trans constituyen el segmento más afectado: 47,1% respondió afirmativamente a esta pregunta.

Las encuestas realizadas por el CLAM han mostrado que, en general, las instituciones educativas constituyen el espacio donde se ejerce con mayor frecuencia discriminación contra personas LGBT. Por este motivo, el estudio efectuado en Córdoba indagó con mayor detalle acerca de las experiencias en estos espacios. Esta tendencia prevalece en Córdoba, en donde se encontró que 53,3% de las personas entrevistadas habían sido discriminadas por compañeros/as de clase, y 19,4% por sus profesores. Al respecto, los investigadores afirmaron en entrevista con el CLAM que, en un momento en que se busca instituir la Educación Sexual Integral como política de Estado en la región, estos datos son indicadores relevantes para la implementación y evaluación de estos programas, así como para la realización de otro tipo de acciones en espacios educativos.

Otros ámbitos en donde la discriminación es frecuente son el barrio, que ocupa el segundo lugar (34,2%), y la familia (31,7%). En este sentido, la encuesta de Córdoba guarda una gran semejanza con la de Buenos Aires, en donde las discriminaciones por parte de los vecinos y de otros miembros de la familia ocuparon los mismos lugares, y se asemeja a otras de la región como las de Santiago de Chile y São Paulo, en donde el grupo familiar constituye un escenario de marcada exclusión para las personas LGBT.

En el caso de lesbianas, gays y bisexuales, el estudio observa una tendencia a que los niveles de discriminación reportados desciendan “en ámbitos donde las interacciones se vuelven menos afectivas y más instrumentales o burocráticas como, por ejemplo, en los sistemas de salud, frente a organismos estatales de represión, en ámbitos de consumo y en el trabajo”. Así, lugares como comisarías de policía, establecimientos comerciales e instituciones de salud se ubican en los últimos lugares. No obstante, los investigadores advierten patrones diferentes de exposición a la violencia en el caso de las personas trans –que es el grupo que se percibe como más afectado por la discriminación y el prejuicio–, quienes reportan un mayor maltrato por parte de policías y guardias de seguridad privada: 61,8% de este segmento poblacional. Un panorama similar se aprecia en las encuestas realizadas en Buenos Aires y Santiago de Chile.

Pese a que “casi 9 de cada 10 personas encuestadas sufrió al menos una de las agresiones indagadas”, sólo el 34,7% solicitó ayuda. De este porcentaje, apenas el 4% recurrió a la policía, algún juzgado o al 101 (número de discado directo a la policía) y 0,3% a algún organismo oficial contra la discriminación. En general, las víctimas buscan a sus amigos (15,9%) para recibir ayuda y en menor medida familiares. Estos resultados distan de los arrojados en encuestas de otras ciudades como Buenos Aires, donde “la proporción que contó o denunció es del 70% frente al 30% que no lo hizo”. Al respecto, los investigadores señalan que en contextos de alta estigmatización, “denunciar un hecho de discriminación implica visibilizarse personalmente y, probablemente, constituirse en blanco de más violencia”, lo que explicaría el bajo nivel de denuncia.

En materia de violencia y discriminación, la encuesta de Córdoba constata los resultados de otros estudios de la región en lo atinente a las personas trans, que constituyen el grupo más vulnerado. Por esto, el estudio recomienda contemplar esta población “como segmento prioritario en políticas anti-discriminatorias y compensatorias”.

La precaria situación de las personas trans se observa también en los indicadores socio-económicos globales relacionados con educación, trabajo y salud. Si bien el nivel educativo de las y los encuestados es alto (“el 72,9% se concentra en niveles de estudios superiores”), las personas trans cuentan con una inserción educativa mucho menor, lo que sugiere mayores “dificultades de acceso y/o permanencia […] en los sistemas de educación formal”. Por otro lado, este grupo muestra “niveles preocupantes de falta de cobertura de salud” al representar “casi el doble de los casos sin cobertura en relación con las proporciones relevadas en las demás denominaciones sexuales agregadas”. En lo relativo al nivel socio-económico también se observa una marcada inequidad: mientras que a nivel general los y las participantes de la Marcha se concentran en los niveles medios, la distribución en el caso de las personas trans se desplaza a los niveles bajo-inferior/marginal.

Foto: Carolina CraveroEn cuanto a la participación política y ciudadana, la encuesta señala que “3 de 4 de las personas encuestadas han intervenido alguna vez en una organización social y/o política” y que más de la mitad “ha participado en alguna de las últimas dos movilizaciones masivas de la diversidad sexual cordobesa –Marcha por la Igualdad Jurídica y Social, 2010 y Marcha del Orgullo y la Diversidad, 2009–”, lo que pone de manifiesto el carácter político de la misma. A esto se suma que entre los motivos más frecuentes para asistir a esta movilización, los participantes encuestados indicaron la exigencia de derechos para las personas LGBT, el autorreconocimiento y visibilización colectiva, y, en el caso de heterosexuales, el apoyo a demandas del movimiento y la solidaridad con amigos o familiares. Sólo 11% de los motivos reportados fueron de tipo lúdico o festivo.

El estudio también resalta las alianzas del sector LGBT con otros colectivos sociales, evidente en los reclamos por la legalización del aborto y la legalización o despenalización del consumo de marihuana, que tuvieron lugar en la Marcha. De hecho, aparte de las organizaciones de diversidad sexual, la participación de los encuestados se extiende a otros ámbitos como agrupaciones estudiantiles, organizaciones feministas y ONG de distinta índole. Si bien algunas personas encuestadas señalaron algún tipo de actuación en partidos políticos y sindicatos, la mayoría de las veces eran heterosexuales, por lo que los investigadores concluyen que “pareciera que los espacios de la política ‘tradicional’ continúan vedados para muchas personas LGTB”.

Al analizar la participación por denominación sexual agregada, llama la atención la “mayor implicación” de las personas trans “en términos comparativos”. “De esta forma”, señala el documento, “el 64,7% de las personas trans participan con relativa frecuencia – normalmente, casi siempre o siempre– de las actividades indagadas, mientras que lesbianas, gays y heterosexuales tienden a no participar o a participar sólo a veces – 77,9%, 74,8% y 74,2%, respectivamente–”.

Otro aspecto que cabe mencionar es la alta desafiliación religiosa entre las personas encuestadas. Al comparar las informaciones sobre religión de crianza y de pertenencia actual, se observó, en el caso del catolicismo, una pérdida de 55,6% de adscriptos. Una relación similar se da para la religión evangélica. La encuesta de Santiago Chile también indagó este aspecto y obtuvo resultados análogos: 67,8% de los encuestados señaló el catolicismo como su religión de crianza, pero sólo 17,8% la reportó como su religión actual. Al respecto, los investigadores afirman que esto puede deberse a la postura conservadora de la Iglesia católica en materia de género, sexualidad y derechos.

Haga clic aquí para descargar el documento Política, sexualidades y derechos. Primera Encuesta. Marcha del Orgullo y la Diversidad. Córdoba, Argentina. 2010

Fotos: Carolina Cravero

Publicada em: 23/05/2012

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