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ARTÍCULOS Y RESEÑAS
 
América Latina

Otra faceta del femicidio

Aborto inseguro: otra faceta del femicidio en América Latina

por Manuela Picq*

Todos los días mueren mujeres por causa de abortos ilegales e inseguros. Las recientes muertes de Elizângela Barbosa, de 32 años, y de Jandira dos Santos Cruz, de 27 años, provocaron rechazo en Brasil. Madre de tres hijos, Elizângela sufrió una hemorragia luego de un intento de aborto clandestino en la región metropolitana de Rio de Janeiro. Días antes, el cuerpo de Jandira había sido encontrado carbonizado, luego de perder la vida al intentar hacer un aborto en una clínica ilegal en un suburbio de Rio. Ambas fueron víctimas de bandas que se aprovechan de la ilegalidad del aborto en el país.

Ellas no son casos aislados. Aproximadamente 50 mil mujeres mueren cada año debido a complicaciones resultantes de abortos inseguros. Muchas de esas historias ocurren en América Latina, en países donde los gobiernos de izquierda están comprometidos con la justicia social y donde mujeres son jefas de Estado.

Pese a que la cuestión del aborto no ha sido discutida íntegramente en el proceso electoral brasileño, las recientes muertes de Elizângela y Jandira plantean un desafío para la presidenta reelecta de Brasil, Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT).

¿Por qué mueren tantas mujeres en el país por causas evitables? Resulta fundamental que los gobiernos empiecen a tratar el aborto como un grave problema de salud en lugar de un crimen. Es hora de reconocer que, si la ilegalidad mata a millones de mujeres, constituye una forma de femicidio.

Los costos de los abortos clandestinos

Investigaciones estiman que uno de cada cinco embarazos en el mundo terminaron en aborto en 2008, la mitad de ellos realizados de forma insegura. La mayor tasa de abortos inseguros es registrada en América Latina. De acuerdo con el Instituto Guttmacher, en la región son practicados 32 abortos por cada mil mujeres, de edades entre 15 y 44 años. Por lo menos un millón de abortos son practicados en Brasil. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 98% de los abortos inseguros ocurren en países en desarrollo.

Los abortos inseguros constituyen la segunda causa de mortalidad materna en Ecuador, la quinta en Brasil. Muchas de las mujeres que sobreviven acaban hospitalizadas. Se estima que cinco millones de mujeres son hospitalizadas cada año en el mundo por complicaciones de abortos clandestinos.

Además del alto riesgo de muerte, mantener el aborto ilegal cuesta dinero. En Brasil, doce mujeres fueron hospitalizadas por hora en razón de complicaciones resultantes de un aborto inseguro en 2010 –más que por cáncer de seno. Tales complicaciones cuestan anualmente US$ 60 millones al Sistema Único de Salud (SUS).

La contracepción ayuda, pero es un remedio ineficiente. En América Latina, sólo una de cada diez mujeres tiene acceso a métodos contraceptivos.

Es necesaria una legislación que asegure el acceso al aborto y al cuidado posterior al mismo. El aborto debe ser afrontado como un problema de salud pública, en lugar de usarlo para criminalizar mujeres.

Criminalizando las mujeres pobres

El aborto sigue siendo una práctica ilegal en la mayor parte de los países latinoamericanos (ver mapa). Cuando no es totalmente prohibida (como en Chile, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Haití, Surinam y República Dominicana), es autorizada solamente en casos extremos, como riesgo de muerte a la mujer (Brasil), violación (Colombia) o violación de mujeres con discapacidad cognitiva.

Las mujeres son criminalizadas de múltiples formas. Además de ser forzadas a buscar clínicas clandestinas, donde muchas pierden sus vidas –como Jandira y Elizângela– las que sobreviven corren riesgo de ser procesadas, como ocurrió en el estado brasileño de Mato Grosso del Sur en 2008, donde más de mil mujeres fueron juzgadas luego de que una clínica de planeación familiar que realizaba abortos clandestinamente fuera allanada y cerrada. En El Salvador, donde el aborto está prohibido bajo cualquier circunstancia, 17 mujeres fueron encarceladas por la práctica de aborto, seis de ellas menores de 17 años.

En muchos casos, los abortos son justificados por la violencia sexual sufrida por las mujeres. Agencias vinculadas a Naciones Unidas estiman que más del 50% de agresiones sexuales en todo el mundo son cometidas contra jóvenes menores de 16 años. En Ecuador, una de cada cuatro mujeres es víctima de violencia sexual, 30% de ellas resulta embarazada. En Perú, país que presenta el mayor número de casos reportados de violación en América del Sur, 80% de las víctimas son menores de edad. Donde la práctica del aborto es ilegal, las jóvenes inducen el aborto saltando de un tejado o bebiendo sustancias tóxicas.

Sin embargo, existen excepciones. El aborto es legal en Cuba, en Guyana y en Guyana Francesa. Uruguay legalizó la práctica hace un año. En Ciudad de México, ésta es legal desde 2007, pero el procedimiento aún es prohibido en el resto del país. El gobierno peruano recientemente publicó una guía reconociendo su responsabilidad en asegurar el acceso de mujeres al aborto terapéutico, aunque la ley sigue obligando a los médicos a denunciar mujeres por el supuesto crimen de aborto.

Parte del problema es la desigualdad de acceso. Mujeres de clases sociales más altas tienen acceso a un aborto seguro. Mujeres pobres, no. Ellas son las más vulnerables a las formas peligrosas de abortos inducidos y a individuos no calificados que practican el aborto en condiciones insalubres.

El centro del problema es la criminalización del aborto. Mientras que el gobierno cierra clínicas que realizan abortos ilegales más seguros, bandas se apropian del negocio. La criminalización alimenta las clínicas clandestinas controladas por la mafia, donde la impunidad y la falta de soporte médico conllevan resultados letales.

Resulta paradójico el hecho de que los procesos regionales de democratización observados en América Latina durante la última década no hayan disminuido la violencia estructural contra la salud de las mujeres. Los gobiernos de izquierda comprometidos con la justicia social han omitido lo relativo a los derechos reproductivos. En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega sancionó una ley anti aborto para ganar apoyo electoral de la Iglesia católica. Por tal motivo, una niña de 12 años que había sido violada por su padrastro fue forzada a ser mantenida bajo “protección del Estado” hasta dar a luz, en 2012.

La llegada de mujeres a la presidencia de Argentina, Brasil y Chile fue inútil en lo relativo a una reforma en la legislación de aborto en dichos países. Cristina Fernández de Kirschner, Dilma Rousseff y Michele Bachelet no han asegurado el derecho de las mujeres al aborto legal y seguro.

Tal vez la paradoja política mundial podría resolverse si los gobiernos comprendieran la paradoja del aborto. Prohibir la práctica no evita que esta ocurra. Solamente empuja el problema a la clandestinidad, poniendo la vida de las mujeres en riesgo y aumentando los costos para la sociedad.

Más del 80% de los abortos en el mundo tienen lugar en países en desarrollo donde las leyes criminalizan la práctica. Las tasas de aborto disminuyen significativamente donde éste es legal, tal como ocurrió en Rumania y en Estados Unidos. En Europa Occidental, donde el procedimiento es legal y seguro, las tasas de aborto son mucho menores que en América Latina.

El aborto inseguro es una forma extrema de violencia de género vinculado a la discriminación y al desempoderamiento económico que deriva en el asesinato de mujeres e incluye mutilación, crueldad y violencia sexual. La muerte de mujeres y niñas basada en el género es legitimada y facilitada por los Estados.

El aborto inseguro constituye una violación sistemática a los derechos humanos de las mujeres. Dicho crimen tiene nombre: femicidio.

*Manuela Picq es historiadora y profesora de relaciones internacionales en la Universidad San Francisco de Quito (Ecuador)

Publicada em: 29/10/2014



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