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Colombia

Pelo direito de escolha

Sandra Mazo, integrante de la organización latinoamericana Católicas por el Derecho a Decidir, explica el estado de situación del debate sobre el aborto y los Derechos Sexuales y Reproductivos en Colombia.


Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) es una corporación de mujeres autónomas de la iglesia católica, que trabajan con mujeres católicas en una perspectiva de defensa de los derechos de las mujeres y en especial los derechos sexuales y reproductivos. En Colombia, dicho organismo está al frente de la Campaña por la despenalización del aborto y desde 2004 encabezan la organización de la Marcha del 28 de septiembre por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe.


¿Cuál es la situación colombiana en relación a la legislación sobre aborto?

Uno de los avances fundamentales es que se haya despenalizado el aborto en tres casos: cuando la vida o la salud de la mujer está en riesgo, por violación y por malformación fetal incompatible con la vida extrauterina. Creemos que esto ha sido un avance grandísimo en la historia de las luchas de las mujeres en Colombia pero aún queda un reto muy grande: conseguir un verdadero acceso legal a estos servicios de aborto en estos tres casos; que las instituciones de salud lo presten con calidad y en condiciones dignas.



Con relación a la prestación real del servicio, ¿qué se ha hecho hasta ahora y qué obstáculos subsisten?

En primer lugar, la sentencia de la Corte salió el 5 de septiembre y es bastante voluminosa, son más de 550 páginas. Depurar todos esos conceptos jurídicos no es fácil. Todas las instituciones del Estado que tienen que ver con el tema están trabajando la sentencia. Supimos que en el Ministerio de Protección Social están revisando la sentencia para evaluar si es necesario o no una reglamentación. El Ministro de Protección Social planteaba que la sentencia es tan completa que no veía necesidad de reglamentarla, pero nosotras, los grupos de mujeres y las que estamos defendiendo la despenalización del aborto, consideramos que sí es necesario porque la sentencia es muy jurídica. Ésta trata simplemente lo que tiene que ver con la penalización, las restricciones en lo formal. Sin embargo, una tarea fundamental que involucra al Ministerio es frente lo médico, frente a las instituciones de salud y el entrenamiento del personal médico.

Otra cuestión que quedó en el aire son los métodos para practicar el procedimiento: farmacéuticos o tradicionales. Sabemos que ya es más fácil, que implica menos dolor físico para las mujeres y menos riesgo, pero hay que estandarizar los procedimientos. Entonces el Ministerio debe introducir esos temas. Incluso en los mismos límites de tiempo para practicarse un aborto. Sabemos que la OMS ha planteado que hasta las doce semanas de gestación el aborto es menos riesgoso, pero cuando está en riesgo la vida y la salud de las mujeres y cuando es por malformación el aborto se puede practicar en cualquier momento de la gestación. Son datos muy médicos que no están en la sentencia y que consideramos necesario que el Ministerio los regule.


¿Y cómo va la interlocución con el Ministerio de Protección Social?

Estamos en conversaciones. La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres acompaña el proceso desde una mesa técnica en la que médicos y abogados analizan los vacíos de la sentencia que el Ministerio debe llenar. Además, el Ministerio tiene un papel muy importante ahora por ejemplo en el tema de la objeción de conciencia.

Las clínicas se están declarando objetoras de conciencia, y eso no puede ser así. La objeción de conciencia no es admisible en el caso de una persona jurídica, es una facultad de una persona natural. El individuo es quien puede declararse objetor de conciencia: no una organización, una clínica o un hospital. Y vemos que eso es lo que ocurre ahora en Colombia. Es una cuestión que amenaza la efectividad del fallo, porque las clínicas se están declarando objetoras de conciencia por razones religiosas. Es importante tener en cuenta que esas razones religiosas deben ser fundamentadas por los médicos, quienes deben buscar otro médico que realice el procedimiento.

Es muy importante que el Ministerio pueda sacar la reglamentación y aclarar esta situación. Porque no es justo poner a las mujeres frente a esa situación en estos casos teóricamente despenalizados. Se está poniendo en riesgo su vida.

Aparte del proceso de reglamentación, ¿qué otras estrategias están en curso?

Hay varias. Además de la estrategia de la reglamentación hay una campaña de formación. Tratamos de acercarnos a las poblaciones más vulnerables para socializar la sentencia, para que se den cuenta de cuáles son sus derechos, porque los medios de comunicación lastimosamente se han dedicado más a la noticia en sí y no hay un proceso de divulgación de la sentencia. Estamos en la tarea de realizar estrategias comunicativas para socializar. Estamos diseñando una cartilla que tenga la sentencia de 500 hojas en dos paginitas, donde la gente entienda cuáles son los términos de lo que se logró.


Incluye información práctica sobre cómo hacerlo.

Sí, información básica sobre cómo hacerlo, adónde acudir. Por ejemplo, muchas mujeres no saben que por peligro de la vida y la salud y por malformación solamente se necesita el certificado de un médico. No necesitan doble opinión, no necesitan más requisitos. Y cuando es por violación solamente se necesita la denuncia. Son asuntos que están planteados de modo muy sencillo en la sentencia. Con relación a ellos sería bueno que la gente conociera cuáles son sus derechos y cómo puede acceder a ellos.

Otra estrategia fundamental es lograr que no nos desmovilicemos frente a la lucha por la despenalización del aborto. Porque en el imaginario de la gente está la idea de que se despenalizó el aborto y ya se acabó el problema. Lo que nos queda plantear a las mujeres y a la sociedad en general es que el problema no se ha resuelto, que el aborto sigue siendo un delito, que solamente se despenalizó en tres casos, pero que los otros casos -que son la mayoría- siguen penalizados. Entonces seguimos en la tarea de buscar alternativas de incidencia política y de incidencia social para ver cómo logramos que se despenalice en los otros casos.

¿Cuál es el alcance de la demanda de las mujeres con relación al argumento de la salud? ¿Existen problemas, por ejemplo, para justificar cuestiones de salud mental?

No, la sentencia es muy clara en este tema. Plantea que el aborto es practicable cuando está en riesgo la salud de las mujeres, asumiendo la definición de salud que da la Organización Mundial de la Salud. Ésta considera por salud el bienestar físico y mental de las personas, entonces ahí está contemplada la salud mental, las angustias. Todo lo que puede generar un embarazo en esas tres circunstancias pues puede entrar en la sentencia de la Corte.

¿Habrá problemas para justificarlo?

No, el asunto es tener un certificado médico. Es el médico quien evalúa si la mujer tiene un problema de salud real, evidente y obviamente debe tener en cuenta su salud física y su salud mental. Ahí está en manos del médico. Pero sí sería ideal que el Ministerio reforzara un poco el argumento del tema de salud, porque sabemos que muchos médicos que se oponen a la despenalización del aborto no entienden que lo que está en juego es la salud mental de las mujeres, y no le dan la suficiente importancia al caso.

En caso de violación, ¿es suficiente la denuncia? ¿No debe haber un proceso judicial con exposición de pruebas?

Solamente la denuncia. A la chica la violan, va a la inspección de policía, pone el denuncio y listo. Antes la gente creía que tenían que hacerse el examen o una prueba, pero eso ya no es necesario. Y nos parece muy importante que la sentencia de la corte haya tenido en cuenta los derechos de las mujeres, porque una mujer violada es transgredida en su dignidad, en sus derechos y todo. Sería muy cruel que además de hacer la denuncia tuviera que someterse a un proceso de comprobación, que generalmente es muy lento. La corte falló en derecho, tuvo en cuenta la dignidad de las mujeres.

Algunos detractores de la despenalización han manifestado que esta “facilidad” significa que ahora todas las mujeres van decir que las violaron para acceder a un aborto.

Sí, porque no entienden que este es un tema humano. Una mujer nunca va abortar porque sea muy rico abortar, porque sea un hobby, no. El aborto es una tragedia, y no es un método anticonceptivo. Entonces una mujer no se va inventar que la violaron por practicarse un aborto, es un asunto de mucha conciencia.

Nosotras como organización lo que reivindicamos es que en cuestión de violencia sexual a las mujeres hay que creerles. Cuando una niña le está diciendo a la mamá que algo está pasando, hay que creerle a la niña; cuando una mujer dice que está pasando algo en su trabajo en relación con el acoso sexual, hay que creerle. Es una situación que se da por montones en este país, hay muchísimos casos donde la vida de las mujeres está en riesgo. Eso no es nuevo, y es un llamado para que la sociedad y el Estado, miren la situación en la que estamos las mujeres, que les creamos a las mujeres que están viviendo la violencia.

Para nosotras es muy importante que la gente se sensibilice, que no se juzgue a las mujeres que se practican un aborto por otras situaciones, que son el 80% de los casos de aborto. Los casos despenalizados son sólo el 20%. Hay una mayoría de casos que no están en el bloque de lo que despenalizaron.

¿Es clara en la sentencia en cuanto a la malformación incompatible con la vida extrauterina?

Esto es determinado por un médico y el aborto tiene que ser practicado inmediatamente. Esto obviamente no pasa por un médico general, sino por un especialista, que sepa que hay una seria malformación. Esto está en la sentencia, pero falta aclarar cuáles son los tipos de malformaciones incompatibles con la vida, los médicos han mencionado una serie de malformaciones que en la sentencia no aparecen. Entonces el Ministerio debería hacer un análisis más profundo de cuales son las malformaciones que ampara la ley.

Esta discusión vuelve a poner a las mujeres en manos de los médicos. ¿Qué diría acerca de esos límites?

Sí, hay mucho que hacer. Pero ya hemos ganamos algo, hay que mirar cómo se garantiza ese derecho en cada caso. Tenemos que entender que en el nuestro se trata de una situación totalmente nueva, y hay que seguir su evolución en el tiempo. Para ello varias organizaciones estamos haciendo de veedoras de la aplicación de los procedimientos en las Instituciones de Salud.

Una cosa que sí tenemos clara, frente a la sentencia, es que se trata de un asunto de dignidad: las mujeres deben ser tratadas de una manera muy humana, muy digna y con mucha calidad. Esperamos que ninguna mujer en Colombia se muera por estas tres causas, porque si antes se morían por todas las causas, esperamos que se reduzca el nivel, al menos en estas tres.

El aborto está contemplado por el por el Plan Obligatorio de Salud (POS)?

Debería estarlo, pero no se sabe. El Ministerio tiene que reglamentarlo, ya que la sentencia no se mete con nada del Sistema de Salud, por eso es necesario que el Ministerio lo reglamente. Es fundamental que quede en el POS.

Pero en este momento, sin reglamentación, ¿el procedimiento puede ser prestado por el Sistema de Salud?

Todas las instituciones de salud tienen que cumplir con la ley, pero hay que tener en cuenta los inconvenientes de nuestro Sistema de Salud, como por ejemplo la existencia de una cantidad de intermediarios privados, que agregan complejidad al problema. El reto es hacer que se garantice el acceso de las mujeres a este derecho en todas las entidades de salud, y eso compete al Estado y al Ministerio. La corte es clara en la generalidad, y algunas instituciones de salud la interpretan jurídicamente pues hay posibilidad, pero cuando empiezan los detalles se va la necesidad de la reglamentación.

Con relación al debate sobre los Derechos Sexuales y Reproductivos, ¿cómo está la situación?

En general estamos muy contentas con el rumbo del proceso de despenalización del aborto pero creemos necesario que las organizaciones que defendemos los derechos sexuales y reproductivos nos encontremos más en espacios de reflexión política. Me parece importante la actividad del momento coyuntural, pero nos falta reflexionar más políticamente hacia donde apunta todo este tema de Derechos Sexuales y Reproductivos desde una perspectiva política y de una perspectiva de poder.

Con el tema de la despenalización del aborto yo creo que se hizo una revolución pacífica, sin necesidad de muertos (aunque muertos sí los hubo, porque muchas mujeres han muerto a causa de abortos inseguros). Pero si logramos que el Estado no tenga nada ver en nuestras decisiones frente a nuestra sexualidad y nuestro cuerpo eso sí que sería una revolución. Y si logramos que las iglesias y los fundamentalismos no tengan nada que ver con eso yo creo que sería una doble revolución. Porque los que estamos en la lucha por los Derechos Sexuales y Reproductivos estamos subvirtiendo un orden, estamos transformando los modelos que nos han impuesto también desde el sistema económico e ideológico. Siempre nos han impuesto que lo bueno es lo blanco, lo masculino, lo heterosexual. Si logramos trastocar esos modelos, definitivamente hicimos la revolución.

Podemos ganar derechos, podemos incidir políticamente en estos derechos, podemos pensar que el Congreso nos puede solucionar cosas, el Ejecutivo, el aparato judicial. Pero hay temas frente a nuestra sexualidad y nuestro cuerpo que no son temas del Estado, sino que son temas de decisión individual, entonces a nosotras nos preocupa mucho que todas las demandas de los Derechos Sexuales y Reproductivos terminen siempre en el Congreso, en la Corte, en la Presidencia, en el Estado en sí. La invitación es a que reflexionemos sobre en qué aspectos de nuestros Derechos Sexuales y Reproductivos nos compete sólo a los individuos. No tiene que estar normatizado todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo y nuestra vida. Esa es la reflexión última que yo creo que hay que dar.

Es una discusión que a lo mejor no tiene consenso en las organizaciones que defendemos los DD. SS. y RR. Por ejemplo, si nosotras decidimos estar con una mujer o con un hombre, el Estado debe garantizar el respeto de esa elección, pero no tiene por qué normalizarnos. Es nuestra vida, es nuestro cuerpo, es nuestra sexualidad. Creo que es un asunto más cultural y más social, o sea, no todo tiene que pasar por el Estado. Es una apuesta por el poder, y el poder no necesariamente pasa por el Estado, el poder pasa por la capacidad nuestra de decidir, de ser, de deconstruir paradigmas, y eso es una lucha, yo creo que eso sería una revolución si lo logramos.

Publicada em: 14/11/2006

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