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Argentina

Los desafíos en salud sexual

Ana María Suppa es la nueva coordinadora del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Este Programa cumple con el mandato de la Ley Nº 25.673/2002, que formaliza la incorporación de temas de salud sexual y procreación responsable en la agenda de políticas públicas a nivel nacional.

Si bien su designación formal aún no se concretiza, Suppa ya está al tanto de sus tareas, interiorizándose sobre los temas del Programa para este año. También sabe que las organizaciones del movimiento de mujeres seguirán de cerca su desempeño en temas clave como la entrega de anticonceptivos y el rol frente a los abortos no punibles. Muchas son las expectativas sobre su gestión, ya que en los últimos años este fue uno de los programas más apoyados por el ex Ministro Ginés González García, quien incluso adhirió a la campaña por el acceso al aborto legal, seguro y gratuito.

Si le preguntan cuál es su título formal, ella contesta que es docente, pero que, de la mano de la militancia, fue construyendo y moldeando a lo largo de los años su propio perfil como mujer política. Conoce de cerca las agendas de género, ya que entre 1990 y 1996 estuvo a cargo de la Dirección General de la Mujer de la Municipalidad de Buenos Aires. En diciembre último finalizó su mandato como Legisladora de la Ciudad de Buenos Aires desde donde impulsó la ley de educación sexual, entre otras.

Desde los comienzos como maestra, católica y militante, ¿cuál fue el camino recorrido por usted para llegar al lugar que hoy ocupa?

Cuando, a principios de la década del noventa, se crea el Área de la Mujer en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, fui designada en la Dirección General de la Mujer, donde comencé a trabajar en la atención directa y a tomar contacto con las necesidades y con las organizaciones de mujeres y la academia.

Me involucré y fui aprendiendo, participando de los encuentros de mujeres, leyendo. Mis fuentes fueron otras mujeres políticas que tenían llegada directa a la realidad y los grupos de reflexión en el nivel local vinculados a la militancia. También llegó la responsabilidad de llevar adelante algunas políticas públicas. Uno de los hitos fue la creación, en 1991, del servicio telefónico de atención a la violencia familiar. Trabajar en género y violencia implicaba supervisión y acompañamiento de profesionales.

Luego vino mi trabajo como asesora de otras compañeras Diputadas del Partido y finalmente la Legislatura de la ciudad entre 2003 y 2007.

Usted tiene experiencia tanto en la gestión, por su trabajo en el Gobierno de la Ciudad en la década del noventa, como en la labor parlamentaria, primero como asesora y luego como legisladora. ¿Cuál es la agenda con la que asume este cargo?

En la agenda está, por un lado, garantizar la llegada de los métodos anticonceptivos del programa a las provincias y, por el otro, la capacitación y la articulación con otros actores. Eso implica mejorar el suministro, realizar las licitaciones con tiempo y garantizar una distribución que amplíe el nivel de usuarias y usuarios.

¿Cuáles son sus prioridades respecto del programa?

Una de las prioridades es tener insumos para distribuir, articular y consensuar con las provincias. Poder proveer métodos para llegar a las personas. Es un tema de ciudadanía saber que tienes derecho a un método que otorga el Programa y a la elección de que consideres más conveniente. Hay que trabajar para garantizar la llegada de los insumos a las provincias y especialmente a la gente, a las mujeres. También pienso en la articulación de los Ministerios de Desarrollo Social y Educación, con áreas como la Dirección Nacional de Juventud, el Programa de Médicos Comunitarios y el de Salud Investiga, que funcionan dentro del Ministerio.

¿Qué demandas recibe el programa?

Todavía llegan desde las provincias consultas sobre temas ya legislados como la vasectomía y la ligadura de trompas. Es necesario pensar en proveer capacitación a distancia sobre estos temas a los médicos, ayudando a garantizar la práctica.

Muchos la recuerdan por su Proyecto de Ley sobre Educación Sexual en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo puede contribuir desde el Programa a la difusión de la sexualidad desde una perspectiva de derechos?

Desde la legislatura de la Ciudad impulsamos con otros compañeros la Ley de Educación Sexual. Cuando la presentamos en 2004, queríamos dar una pelea ideológica, aún sabiendo que íbamos a perder. La sociedad acompañó y el Partido (Justicialista) fue el que impuso el tema; no sólo las mujeres sino también los varones del Partido. Finalmente, en el 2006 se aprobó la ley.

Las chicas llevan en la cartera una pastilla de Anticoncepción Hormonal de Emergencia (AHE) porque no hay educación sexual. Sólo se enteran de la AHE y no de los métodos anticonceptivos, no hay consejería. Falta el componente de la educación sexual. Nosotros desde el programa somos una parte, pero la escuela ayudaría en los temas culturales, físicos y emocionales.

Si hubiera tenido educación sexual en la escuela me habría ahorrado algunos dolores de cabeza; es necesario construir el lugar de la confianza para los jóvenes, esto implica tener dónde consultar. Es importante dar libertad a los docentes para hablar con los alumnos; no hay argumentos para que no se aplique la ley. Hay que hablar de los métodos naturales y también de los otros.

Usted sabe que hay muchos grupos de la sociedad que apoyan la implementación del programa y otros que se oponen y lo obstaculizan, al igual que con la distribución de anticonceptivos y a la anticoncepción hormonal de emergencia. ¿Cómo piensa enfrentar esa tensión?

El principal obstáculo no es el judicial sino el de la sensibilización de los efectores. Hay que buscar consensos para poder ir al territorio; la política sanitaria tiene que estar por encima de mis creencias y mis valores. Tenemos que lograr que los efectores de salud den información adecuada y científica, convirtiéndose en el lugar de confianza para las mujeres que consultan.

Uno de los obstáculos del programa son las provincias que aún no tienen ley ni Programa de Salud Sexual y Reproductiva, como Formosa y San Juan. ¿Cómo trabajará con ellas?

En esos casos hay que trabajar con el gobierno provincial y buscar otros actores sociales con los que se pueda realizar la labor. En líneas generales, hay provincias que no piden Dispositivo Intrauterino (DIU), entonces nosotros preferimos mandarles inyectables, preservativos y pastillas anticonceptivas.

¿Qué rol tendrá en su gestión el Consejo Asesor del Programa?

Yo pienso convocar próximamente al Consejo Consultivo, que creo tiene que apoyar al Programa brindando información científica. Además, el Consejo puede ayudar en la comunicación de los objetivos del Programa.

En el año 2004 el Consejo Federal de Salud (COFESA) suscribió el compromiso para la Reducción de la Mortalidad Materna en la Argentina. En ese acuerdo señalaron la necesidad de “garantizar el acceso a la atención del aborto no punible en los Hospitales Públicos dando cumplimiento a lo estipulado en el Código Penal” (COFESA, 2004) y asumieron el compromiso de elaborar una reglamentación para que en los hospitales públicos se atendieran los abortos no punibles avalados en el Código Penal como una práctica médica habitual que no requiere autorización judicial. El año pasado el programa publicó la Guía Técnica integral de atención de aborto no punible ¿Qué estrategia de trabajo han planificado respecto de la guía? ¿Cómo puede colaborar el programa para que se realicen los abortos no punibles? ¿Cree usted que es posible que se despenalice el aborto en Argentina en los próximos años?

Así como la sociedad empujó la ley de educación sexual lo mismo va a pasar con el aborto. Es muy importante que la discusión se de en las cámaras de Diputados y Senadores y que salga por Ley. Respecto a la guía es importante, pero no se imprimió y no se distribuyó, estamos viéndolo. Si realmente sale, ayudará a que las mujeres no tengan que recurrir a la justicia cuando necesiten realizarse un aborto no punible.

En este sentido, tengo previsto integrar al equipo a Perla Prigoshin, abogada especializada en salud reproductiva, para que colabore con los médicos en el trabajo del tema de los abortos no punibles.

Cómo militante del Partido Peronista usted sabe lo difícil que es hablar como feminista y la batalla que debe dar entre los compañeros y compañeras. ¿Cree que encontrará aliadas entre las mujeres de su partido para avanzar en el tema de derechos de las mujeres?

En esta tarea hay mujeres del Partido que comparten esta agenda de temas centrados en los derechos de las mujeres, como Juliana Marino, Juliana Di Tullio, Graciela Rosso y Virginia Franganillo.

Publicada em: 18/03/2008

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