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Perú

Derechos reproductivos amenazados

Rossina Guerrero, feminista y psicóloga, es coordinadora del Área de Derechos Reproductivos del Centro de Promocion y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX), de Perú. Con motivo de conmemorarse el Día Internacional por la Acción de la Salud de la Mujer, Guerrero habla del estado de situación del acceso a la salud en Perú, específicamente del papel del Ministerio de Salud en el cumplimiento e implementación de las leyes, políticas y programas ya existentes en el campo de la salud sexual y reproductiva.

En un contexto como el peruano en que aún no se puede institucionalizar un protocolo para el manejo de casos de interrupción del embarazo a nivel nacional ¿qué acciones cree usted que deberían desarrollarse en pro de la salud de las mujeres?

La resistencia del MINSA (Ministerio de Salud) a cumplir con la implementación de un protocolo de atención para el aborto terapéutico (que es el único legal en Perú), da muestra de la falta de compromiso del gobierno para disminuir la mortalidad materna, un indicador potente para graficar la exclusión en la que viven las mujeres. En un país como el Perú, donde el 15% de estás muertes se debe a causas asociadas con enfermedades preexistentes o que surgen durante el embarazo, las mujeres tienen el derecho a decidir salvar su vida y evitar secuelas o alguna enfermedad de la cual nadie más que ella y su familia se hará responsable. Las mujeres están muriendo por causas evitables, pero ello parece no persuadir a nuestros políticos.

En ese sentido, un primer nivel de trabajo es lograr que el Estado cumpla con la implementación de las leyes, políticas y programas ya existentes especialmente en el campo de la salud sexual y reproductiva. Desde la sociedad civil nos toca demandar, vigilar y abogar. Al Estado le toca implementar un protocolo de atención para el aborto terapéutico, que los servicios de salud reproductiva cuenten con insumos anticonceptivos (incluyendo la anticoncepción de emergencia) y con personal calificado para la atención, que todos los servicios atiendan el parto vertical y tengan calificaciones parta una atención intercultural, que las mujeres gestantes tengan acceso a un trato digno y atención oportuna ante una complicación y que las mujeres que llegan por complicaciones de un aborto sean atendidas de manera humanizada.

Un segundo nivel debe apuntar a modificar o eliminar las barreras que impiden el acceso de las mujeres a los servicios de salud, especialmente entre las mujeres de áreas rurales y las adolescentes. Un tercer nivel se refiere a las acciones para ampliar los derechos. Esto requiere, por ejemplo, generar acciones para que no se penalicen atenciones. En este punto en especial, Perú ha recibido varias recomendaciones del Comité de la CEDAW para que revise su marco punitivo sobre el aborto. Necesitamos que la violencia contra la mujer se considere un delito y que se implemente una educación sexual laica en todos los centros educativos a nivel nacional. Requerimos además de cambios sociales y políticos sustanciales, el reconocimiento pleno de la ciudadanía a las mujeres. Ello viene de la mano de encuadrar las decisiones de gobierno en un marco de derechos y no en principios confesionales. La salud sexual y reproductiva debe ser visualizada como una inversión estratégica en el desarrollo de nuestro país, lo que supone una asignación presupuestal importante para cumplir con las obligaciones en materia de salud.

¿Cree usted que los derechos reproductivos siguen siendo vulnerados tanto o más que en el pasado o por el contrario que hay un mayor respeto hacia ellos? Cuál es el balance que tiene PROMSEX al conmemorar el 28 de Mayo?

En la última década ha habido un avance importante a nivel normativo y de aprobación de política pública a favor de las mujeres, reflejando años de trabajo del movimiento por la salud de las mujeres. Esta labor de muchas organizaciones de mujeres ha permitido que más mujeres conozcan estos derechos, mejorando su salud con la posibilidad de demandar mejoras en las políticas y en los servicios. Sin embargo aún existe una brecha enorme entre este avance, su aplicación y el cumplimiento real a nivel nacional. Por ello, el balance que hoy podemos hacer es que los derechos reproductivos están seriamente amenazados y vienen siendo vulnerados.

Por otro lado, América Latina en general enfrenta una respuesta por parte de los grupos anti derechos, mal llamados “pro vida”, que trabajan activamente para influir políticamente y hacer retroceder en lo avanzado, transformando los marcos normativos y las políticas públicas en un conjunto de preceptos confesionales. Lamentablemente, estos grupos se coluden con autoridades que tienen poco respeto por sus obligaciones con la salud de las mujeres y evalúan que es peligroso para su gestión pública entrar en debate con la Iglesia, en especial la católica. Por ejemplo, cuando el gobierno regional de Arequipa aprobó el protocolo de atención para el aborto terapéutico, la Iglesia Católica presionó y la autoridad retrocedió, suspendiendo este documento. En este lapso una mujer murió por que no se interrumpió su embarazo, ella tenía una falla cardiaca y estuvo 15 horas en un hospital sin recibir esta atención. Entonces ¿quién responde por esta y las otras muertes de mujeres? Por supuesto que las autoridades tendrán que hacerlo. Esta es una historia que nos grafica la grave amenaza a los derechos de las mujeres.

¿Qué sucede en el caso del VIH/Sida, que afecta cada vez a más mujeres, en especial a jóvenes y adolescentes?

En un contexto de discriminación y exclusión de las mujeres en muchos aspectos y espacios sociales, el VIH/Sida ha ganado terreno, especialmente entre las más jóvenes. Al tener una visión adversa de la vivencia de la sexualidad en estos grupos de mujeres, se ha hecho poco para avanzar en aspectos educativos y de prevención. Es importante reconocer el avance logrado en el acceso al tratamiento de las mujeres que viven con VIH/Sida; sin embargo, en gran medida se han abandonado las acciones de prevención. Como las mujeres aún no son consideradas como “población de riesgo”, las acciones que se implementan sólo se han orientado a prevenir la transmisión vertical. Aquí es central identificar el vacío que deja el no tener un programa de educación sexual que permita a las adolescentes conocer medidas de prevención como el uso sistemático y adecuado del condón, que permita trabajar en una sexualidad placentera y con acceso a información sobre cómo evitar o prevenir efectos adversos del ejercicio sexual y permita también democratizar relaciones de género en esta esfera. Urgen medidas claras y concretas para prevenir la infección entre las adolescentes y las jóvenes. Ello requiere políticas basadas en evidencias, trabajar de manera frontal para mejorar el acceso a la protección sexual y la inclusión de algo pendiente en nuestro país como es el acceso al condón femenino, una muy buena alternativa para miles de mujeres jóvenes.

Actualmente en el Perú existen la Estrategia Sanitaria contra el VH/Sida y la Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y Reproductiva, cada una con su propia coordinación, con sus propios planes y acciones. Si bien pueden coordinar, reflejan el escaso entendimiento de la implementación de una política de prevención y de atención de las necesidades de las mujeres. En ese sentido, sería sumamente importante que las acciones políticas en VHI/Sida estén insertas en una estrategia amplia para mejorar la salud sexual y reproductiva de la población, en pleno respeto de sus derechos humanos, incluyendo necesidades específicas de las mujeres tales como su vulnerabilidad biológica, social y de género ante la infección.

Publicada em: 28/05/2008

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