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Chile

Una lupa en las brechas de género

El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe creado este año por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, constituye una lupa sobre las brechas de género que persisten en la región en tres áreas centrales para el desarrollo social de las mujeres: autonomía económica, autonomía en el acceso a la toma de decisiones y autonomía física.

El Observatorio fue creado en respuesta a la solicitud de los gobiernos de la región durante la X Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe realizada en Quito en 2007, y en la Conferencia de Estadísticas de las Américas celebrada en República Dominicana en 2008.

Conversamos con Sonia Montaño, directora a.i. de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, quien nos entregó un panorama regional sobre avances y retrocesos en materia de equidad género.

Este año la Cepal presentó el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. ¿Por qué es necesario contar con un Observatorio? ¿Cuáles son sus objetivos y que esperan lograr con él?

La razón por la cual los gobiernos finalmente decidieron hacer un Observatorio de Igualdad de Género es que, después de 15 años de aprobada la Plataforma de Acción de Beijing en la Cuarta Conferencia Mundial y de casi 30 años de desarrollo de las políticas de género, ha habido avances importantes en América Latina. El Observatorio está pensado justamente como un espacio para mostrar esos avances, cuestión que no ha sido completamente enfatizada, pese a los compromisos adoptados.

Casi un tercio de los países tiene un Ministerio de Género de Igualdad, algunos con rango ministerial; otro tercio tiene Concejos o institutos que se reportan a los gobiernos y a sus presidentes. Finalmente, existe un grupo menor que todavía no ha alcanzado uno de los compromisos de Beijing: crear organismos de igualdad al más alto nivel. Este es un elemento sobre el cual el Observatorio se asienta.

El segundo aspecto interesante es el avance en la representación política. Hoy, la presencia de varias mujeres en el ejercicio del poder es un tema de agenda, aún cuando ésta sea muy heterogénea. El rango varía de 40% de mujeres parlamentarias en Argentina y Costa Rica, a países como Guatemala donde no llega al 10%. La más importante es, sin lugar a dudas, la Presidenta Bachelet en Chile porque su presencia particular como mujer viene acompañada de una agenda de paridad y de protección social en la cual las mujeres son centrales.

Cuando se aprobó el Observatorio existía la convicción de su necesidad. Por un lado, tener mejor y mayor evidencia cuantitativa y cualitativa de los logros y avances y por el otro, poder identificar los desafíos, contar con alguna herramienta que les permita a los gobiernos anticiparse a las tendencias y entender procesos de más larga data.

Se pensó en la posibilidad de agrupar, si cabe el término, en tres grandes áreas los objetivos del milenio y las otras agendas que vienen de la década de los 90. La primera es la autonomía física de las mujeres en relación con dos áreas sumamente sensibles y deficitarias en la región: sus derechos reproductivos y el combate contra la violencia. La autonomía económica, que también está planteada en Beijing, se refiere al acceso equitativo de las mujeres al trabajo y, además, la igualdad de condiciones en el mercado laboral. La tercera área es la autonomía política, es decir, la ciudadanía plena de las mujeres.

En definitiva, el Observatorio permite monitorear y dar seguimiento a las políticas públicas, anticiparse a los procesos sociales y tener evidencia empírica con información oficial, demanda en la cual se ha insistido cada vez más a los países para que tengan sistemas de información que den cuenta de esta realidad.

Esta no es una institución para fiscalizar, sino más bien un Observatorio de “automonitoreo" que dará lugar a iniciativas de la sociedad civil. Por ejemplo, el grupo de mujeres del Mercosur ganó un proyecto de la Cooperación Española para el seguimiento de las políticas sobre la base de información que tiene el Observatorio, pero desde una perspectiva de la sociedad civil. Entonces, el Observatorio funciona a un nivel de desarrollo de las políticas públicas de género cuyo objetivo no es tener modelos sobre cómo hacer las cosas, sino analizar los resultados.

En relación con la autonomía física de las mujeres ¿qué cambios significativos se evidencian en esta área? ¿Qué barreras encuentran los países para avanzar en autonomía de las mujeres sobre su salud y derechos reproductivos?

Esta es quizás la agenda más emblemática de la igualdad de género, porque sabemos que la división sexual del trabajo, el control del cuerpo de las mujeres y la subordinación de su sexualidad, son los lugares en los cuales se fundamenta gran parte de la discriminación de género que vemos en nuestros países.

Aparece como uno de los ámbitos con mayores desafíos porque, por ejemplo, un indicador tan básico como la mortalidad materna, nos muestra que estamos frente a una situación de estancamiento e inclusive de retroceso en algunos países. Esto acontece en una sociedad en la que contamos con todas las condiciones científicas, tecnológicas y económicas para poder enfrentar la mortalidad materna.

Sin embargo, los datos del Observatorio revelan que los países de América Latina y el Caribe realmente no han podido avanzar significativamente en la disminución de la mortalidad materna. Es importante ver la autonomía física, no solamente como el acceso a la anticoncepción o a los servicios de salud reproductiva, que son muy importantes, sino recordando que la mayoría de los países que han reconocido políticas de género y firmaron en la plataforma del Cairo y Beijing, muestran una gran distancia entre el discurso de defensa de la maternidad y la realidad todavía tremenda de las mujeres con respecto a la muerte materna.

Chile, Puerto Rico, Uruguay, Costa Rica y Cuba son países que muestran una mortalidad materna muy baja, lo que revela que cuando hay cierto tipo de políticas, ésta sí se puede reducir. Pero también estamos frente a países como Haití, Guayana, Guatemala, Honduras, Perú, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, inclusive Brasil, que tienen tasas de mortalidad materna altas.

¿Qué significa que aún no se haya logrado reducir la mortalidad materna de manera significativa?

Nos está diciendo que aquí ha habido un gran déficit en la implementación de los compromisos internacionales para el cumplimiento de “uno” los objetivos, que es la reducción de la mortalidad materna. Ésta tiene que ver con el acceso a los servicios, a la educación sexual, con la prioridad para educar a las y los jóvenes sobre su sexualidad. Junto a este tema, hay otro ámbito tremendamente deficitario que es el embarazo adolescente. Hay países con altos niveles educativos de las mujeres y avances importantes en el área económica donde el embarazo adolescente sólo se explica por razones culturales y por falta de una política.

En América Latina las jóvenes se están embarazando inclusive en países donde supuestamente tenemos acceso a servicios de planificación familiar. Los países centroamericanos viven situaciones muy difíciles. Hasta en Brasil hay un nivel alto de embarazos en adolescentes entre 15 y 19 años, incluso en ese país donde han habido esfuerzos importantes para el acceso de jóvenes, adolescentes y mujeres a métodos de anticoncepción.

Más aún, las últimas reflexiones y estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) revelan que hay un número cada vez mayor de niñas menores de 15 años que se están embarazando, y lo hacen fundamentalmente porque las jóvenes no han logrado lo que –desde el punto de vista del Observatorio- se entiende como autonomía, es decir, control de sus propios cuerpos. Pese a que tienen acceso a anticonceptivos, las niñas y las adolescentes “sucumben” a las relaciones sexuales sin protección, porque es una forma de apegarse a relaciones de pareja, marcadas muchas veces por el autoritarismo y la sumisión de las jóvenes.

Estos dos indicadores, mortalidad materna y embarazo adolescente, nos están diciendo claramente que América Latina tiene un déficit muy grande que no se justifica, si colocas en el otro lado de la balanza los niveles educativos, el progreso tecnológico y científico y la supuesta prioridad que los gobiernos están dando a este tema.

En cuanto a la autonomía política de las mujeres, algunos países de la región han impulsado medidas concretas para que más mujeres puedan acceder a la toma de decisiones y representación política. ¿Qué países son los más atrasados en esta materia?

En este tema ciertamente hay muchos indicadores. El que habitualmente es utilizado es el porcentaje de mujeres en los órganos legislativos. Ahí la respuesta es clara: sólo han avanzado aquellos países donde hay ley de cuotas y son cumplidas. Hay un conjunto de países que tienen las leyes pero no las cumplen y otros donde simplemente no existen tales leyes.

Respecto al poder legislativo, Belice, Haití, Colombia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Panamá están en el extremo inferior de la representación política. Esto es muy interesante, porque entre Haití y Chile o entre Uruguay y Barbados, no hay niveles socioeconómicos que puedan explicar y decir “fue el atraso socioeconómico del país”. Lo que explica aquí claramente es la ausencia de políticas de acción positiva, como se conoce la ley de cuotas. Por el contrario, Argentina, Costa Rica, Perú, Guyanas, Trinidad y Tobago, Ecuador, Honduras y México han dado saltos muy importantes en los últimos años gracias a la legislación y a la modificación de los sistemas electorales.

La conclusión es que si se quiere incrementar la presencia de mujeres en los Parlamentos, necesitamos una convergencia entre leyes de cuotas y sistemas electorales que sean armónicos, además de leyes que se cumplan. La sanción realmente debe implicar la posibilidad de que los partidos políticos incluyan este tipo de medidas.

¿Y la paridad en el poder ejecutivo?

Sólo Colombia tiene una ley de cuotas para el ejecutivo. Esta experiencia revela que es el único país que se mantiene relativamente estable a lo largo del tiempo. En otros países con alta presencia femenina en el ejecutivo, como Chile, Honduras Ecuador, Argentina, Perú y Costa Rica, esta representación es muy volátil. En estos países la paridad no está legislada y no tenemos certeza de que se mantenga a lo largo del tiempo. Por esta razón es que se pelea por una mayor presencia de las mujeres. La democracia en América Latina es joven y el tiempo de aplicación de estas normas está enfrentando viejas y largas tradiciones de política patriarcal.

En el poder local, la participación de mujeres ha sido mínima. Curiosamente se pensaba en el pasado que lo local era lo más cercano a la gente y a las mujeres; pero también hay una presencia muy baja. Con excepción de Puerto Rico con un 33% de mujeres alcaldesas, la mayoría de los países están por debajo del 12%. Chile es el país con mayor porcentaje de mujeres alcaldesas y no pasan del 12%. Uruguay y Guatemala están por debajo del 2% de mujeres alcaldesas. Entonces, independientemente del órgano de representación del que se hable, el sistema de cuotas aparece hasta la fecha como el mecanismo más idóneo.

En un año de grave crisis económica, en que diversas voces alertan sobre un impacto mayor entre las mujeres ¿cómo se refleja ello en los indicadores del Observatorio? ¿Cómo ves la voluntad de los gobiernos de la región para promover leyes que apunten a mejorar esta situación?

El efecto de la crisis es bastante mixto. En los países con mayor apertura comercial, que han apostado a un modelo exportador donde la generación de empleo en los últimos 20 años fue en esferas no tradicionales del trabajo femenino, las mujeres aparecen más perjudicadas. Pero las que tradicionalmente trabajan en esferas más o menos ligadas por sus roles –educación y salud, por ejemplo– no se ven tan afectadas en el corto plazo.

Lo que está pasando es que debido a la crisis, más hombres abandonan el mercado formal y pasan a competir directamente con las mujeres en el mercado informal, produciéndose así una “igualdad” en la precarización: hay más hombres que se igualan con la precaria situación de empleo sin contrato en relación a las mujeres.

Publicada em: 15/09/2009

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