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Argentina

Iglesia resiste al juego democrático

Juan Marco Vaggione es Doctor en Derecho y en Sociología, investigador del CONICET, Profesor de la Universidad Nacional de Córdoba y asesor académico de Católicas por el Derecho a Decidir (Córdoba). En su opinión, los encubrimientos de los casos de pedofilia por parte de la Iglesia ponen de manifiesto, entre otras cuestiones, que la historia de privilegios e impunidad de la Iglesia así como de resistencia a las reglas del juego democrático es todavía una narrativa abierta. La forma en que la jerarquía manejó los casos de abusos sexual, explica, es también una parte que compone la postura pública de la Iglesia como actor político. En entrevista al CLAM, Vaggione habla detalladamente al respecto.

¿Qué opina de la declaración realizada por el Cardenal Bertone sobre la relación entre homosexualidad y pedofilia?

Mas allá de cuan intempestiva fueron sus palabras, no hay duda de que las declaraciones del Cardenal Bertone son resultado de una política encabezada por Juan Pablo II y Benedicto XVI. La sexualidad ha sido una de las principales obsesiones de la dupla que, lejos de flexibilizar y/o adaptar la postura oficial de la Iglesia, la han dogmatizado aún más. En el caso de la homosexualidad, en las últimas décadas los documentos oficiales del Vaticano han intensificado los niveles de discriminación, reaccionando a los cambios culturales y legales que han tenido lugar en diversos contextos.

En 1986 se rigidizó la postura del Vaticano que a través de la Carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre la atención pastoral a las personas homosexuales, tipificó a la persona homosexual como portadora de un desorden. Algunos años después, en 1992 el Vaticano reforzó su postura afirmando, entre otras cuestiones, que existen áreas donde la exclusión expresa de las personas por su orientación sexual no constituye “discriminación injusta”. En el año 2003 el Vaticano se pronunció contra el reconocimiento legal de parejas del mismo sexo. De acuerdo a las Consideraciones acerca de los Proyectos de Reconocimiento Legal de las uniones entre personas homosexuales este reconocimiento significa “no solamente aprobar un comportamiento desviado y convertirlo en un modelo para la sociedad actual, sino también ofuscar valores fundamentales que pertenecen al patrimonio común de la humanidad”.

Finalmente en el año 2005, ya con los medios de comunicación denunciando los casos de abuso sexual por parte de sus clérigos, el Vaticano sancionó un documento con el objetivo de vigilar y limitar el ingreso de “personas con tendencias homosexuales” a los seminarios. El documento Sobre los criterios de discernimiento vocacional concernientes a las personas con tendencias homosexuales en vistas a su admisión al seminario y a las Órdenes Sagradas afirma que “si un candidato practica la homosexualidad o presenta tendencias homosexuales profundamente arraigadas, su director espiritual, así como su confesor, tienen el deber de disuadirlo en conciencia de seguir adelante hacia la Ordenación”. Aunque sin el nivel de exabrupto de las declaraciones de Bertone, este documento refleja la postura oficial del Vaticano quien, frente a los casos de abuso sexual, reacciona restringiendo el ingreso de los homosexuales a sus seminarios. La presencia de homosexuales (aunque sean castos) se construye en conflicto con la vocación sacerdotal. Este documento y las palabras del Cardenal Bertone tienen en común el construir la figura del “homosexual” como el lugar de limpieza moral de la pedofilia y como eje de fuga para el tema del celibato que viene persiguiendo a la Iglesia Católica en los últimos años.

Otro aspecto interesante a considerar en la declaración del Cardenal Bertone es la presencia de argumentos científicos al momento de justificar posturas homofóbicas. Aunque no es una novedad, es importante destacar que el activismo religioso conservador justifica, cada vez con mayor intensidad, sus posturas contrarias a los Derechos Sexuales y Reproductivos esgrimiendo argumentos científicos. En sus declaraciones Bertone no habla de moralidad o de pecado, no menciona a la Biblia o a Jesús, sino que afirma que la ciencia (en particular la psicología y la psiquiatría) “han demostrado” que no hay relación entre celibato y pedofilia pero sí entre homosexualidad y pedofilia. Esta apelación al discurso científico, a la verdad científica, no es casual sino que constituye una estrategia privilegiada de los sectores religiosos más conservadores.

Este tipo de desplazamiento de lo religioso a lo secular a nivel de las argumentaciones dogmáticas sobre la sexualidad caracteriza al activismo religioso conservador en general. La estrategia es, precisamente, “decir” ciencia para justificar posturas fuertemente restrictivas a nivel moral. Así, la discusión “científica” sobre la sexualidad tiene un rol cada vez más fuerte en las posturas públicas (documentos, declaraciones, lobbies, etc.) de los sectores opuestos a los Derechos Sexuales y Reproductivos. Por ejemplo, el National Association for Research and Therapy of Homosexuality publicó en el año 2009 con formato académico una compilación de diversos estudios sobre la homosexualidad (mas de 100 años de estudios dice la publicación) que aportan evidencia “científica” demostrando las diversas patologías asociadas a la homosexualidad.

En mis trabajos propongo el concepto de secularismo estratégico para comprender, al menos parcialmente, este desplazamiento discursivo que, sin dudas, abre nuevos desafíos para el feminismo y el movimiento por la diversidad sexual. Discursos científicos, legales o bioéticos tienen un papel privilegiado en las políticas de la sexualidad por parte de los sectores conservadores lo que implica un desplazamiento, aunque sea puramente estratégico, hacia justificaciones seculares. La defensa de las posturas religiosas tradicionales se realiza, cada vez más, sin referencia a lo sagrado, a Dios o a la doctrina oficial. Se intensifican, en cambio, argumentos que más allá de su calidad son exclusivamente seculares.

Cómo ves los encubrimientos de estos casos por parte de los altos mandos de la Iglesia y la polémica epístola de Castrillón Hoyos - cardenal colombiano que felicitó a un obispo francés por no haber entregado a un cura de su congregación acusado de abusos sexuales - sobre una política de este tipo en la Santa Sede?

Estos casos de encubrimientos ponen de manifiesto, entre otras cuestiones, que la historia de privilegios e impunidad de la Iglesia así como de resistencia a las reglas del juego democrático es todavía una narrativa abierta. A pesar que el Concilio Vaticano II (1962-1965) representa el “ingreso a la modernidad” de la Iglesia Católica al reposicionarse como una institución democrática, la situación actual evidencia lo incompleto de este proceso.

Frente a estos hechos de abusos sexuales, la jerarquía católica implementó procesos “internos” para la investigación a la vez que evitó cumplimentar con los procedimientos instituidos en las leyes de los distintos países. Reportar una conducta delictiva, denunciar un crimen, accionar básico de cualquier institución y/o ciudadano, no ha sido una práctica asumida por la jerarquía católica. Al contrario, como lo pone en evidencia la carta de Castrillón Hoyos lo opuesto parece ser la regla informal de procedimiento. Lejos de cumplir con las normas jurídicas, la política decidida para los casos de abusos sexuales combina investigación interna (secreta) con encubrimiento frente a la justicia y la autoridad civil de los diversos países. No hay dudas que la Iglesia Católica tiene todo el derecho a la investigación interna pero tiene también la obligación de denunciar los actos criminales de acuerdo a los procedimientos legales. Más allá de si estos actos constituyen pecado o inhabilitan al ejercicio del sacerdocio, son también actos punibles para las leyes y códigos penales que requieren de la intervención de los poderes del Estado.

Recién en los últimos días, el Vaticano se ha pronunciado formalmente a favor de la denuncia ante la autoridad civil de estos hechos para que sean investigados por la justicia. Esta instrucción, que constituye una norma básica de cualquier sistema democrático, pone en evidencia que por décadas el procedimiento fue encubrir los casos de abuso sexual. No puede desconocerse que es la presión pública, particularmente de algunos medios de comunicación, la que impulsó a la jerarquía a tener que cumplimentar con la obligación de denuncia ante las autoridades competentes.

Pensando en la historia argentina reciente uno podría encontrar cierto parangón con otra institución de raíces autoritarias: las Fuerzas Armadas. Aunque desde ámbitos y con argumentos diferentes, éstas también defendieron el derecho a excluir los crímenes cometidos durante la dictadura del ámbito de la justicia “civil” e investigarlos y sancionarlos dentro del ámbito de la justicia militar. De algún modo, ambas instituciones fuertemente jerárquicas y autoritarias tienen en común el construirse como el afuera de la legislación y de la democracia y pretender privilegios que las posicionan por sobre el sistema derecho.

Cómo crees que puede influir esta situación en el mandato de Ratzinger? Las palabras del portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, al cruce de las del cardenal Bertone colaboran en este sentido?

Para entender el accionar de la Iglesia Católica en las sociedades contemporáneas es necesario considerarlo como respondiendo a una política dual: como institución religiosa y como actor político. Esta lógica bifronte también nos permite responder la pregunta pensando en dos niveles diferentes que, aunque obviamente conectados, permiten reflexionar sobre distintas circunstancias.

Un nivel, difícil de prever, es lo que pueda suceder con el posicionamiento oficial de la Iglesia Católica frente a la sexualidad. Cómo afectará a la institución religiosa y a su postura oficial los escándalos por los que atraviesa. Como lo mencioné previamente, la dupla Juan Pablo II y Benedicto XVI ha intensificado un posicionamiento dogmático y restrictivo frente a la sexualidad, que no se condice con la moral sexual de la gran mayoría de los miembros de la comunidad católica y, como parece quedar cada vez más evidente, tampoco con el accionar de su jerarquía.

En este nivel, la reacción y manifestación de sectores católicos es importante. Sectores progresistas, como evidencian la mayoría de las encuestas en la región, han logrado articular su identidad religiosa con una postura favorable a los Derechos Sexuales y Reproductivos. La Iglesia Católica ya estaba fisurada, dividida respecto a la sexualidad y junto a una jerarquía conservadora, también crecían sectores favorables a posturas más amplias y democráticas. Esta falla actual de la jerarquía reaccionaria, abre un espacio para que estos sectores obtengan peso político y simbólico al interior de la Iglesia. Frente a una jerarquía desacreditada es posible potenciar la influencia de las bases movilizadas que buscan una institución religiosa más democrática. Pero este cambio deberá provenir, al menos en conexión con la sexualidad, de la presión e influencia de los creyentes más que de la decisión de su jerarquía. No minimizo las declaraciones de Lombardi así como de otros referentes de la jerarquía, sin dudas son importantes. Pero creo que el espacio central de reacción y acción, la potencia de cambio para la Iglesia, sigue estando en su comunidad y no en sus líderes, en sus teólogos/as progresistas y no en sus obispos.

En mis trabajos utilizo el concepto de disidencia para nombrar una política de identificación de los fieles que, lejos de cumplir con el mandato de la jerarquía o caer en el doble discurso, se movilizan por inscribir una postura religiosa, en este caso católica, favorable a la diversidad y libertad sexual. Frente a una Iglesia que politiza su defensa dogmática de un modelo único de familia, en el cual se camuflan el patriarcado y la heteronormatividad, un importante número de creyentes construyen su identidad religiosa oponiéndose a la doctrina oficial en cuestiones de sexualidad. A la pretensión de la Iglesia de erigirse como portador único de principios religiosos y morales sobre la sexualidad le oponen un pluralismo religioso y moral. Al intento de la Iglesia de controlar de manera heterónoma el comportamiento de sus fieles y de los ciudadanos, le oponen la construcción de un sujeto autónomo. Es esta disidencia la que aún puede proveer a la institución de una fuerza moral y renovadora.

Otro nivel desde donde pensar estos casos de abuso sexual es respecto al rol de la Iglesia como actor político contrario a los Derechos Sexuales y Reproductivos. Además de sostener una visión restrictiva de lo sexual hacia el interior de la comunidad católica, la Iglesia también se comporta como un actor político que reclama el derecho a ser parte de las discusiones públicas, de la sanción y aplicación del derecho. En este rol, la Iglesia dice no defender una doctrina particular ni a un grupo particular de personas (sus fieles), sino a la moralidad pública de la sociedad civil y apela en esta lucha a la ciudadanía más allá de sus creencias. Como actor político la Iglesia sostiene que temas como el casamiento de personas de un mismo sexo o la despenalización del aborto no hacen a una religión específica, sino que atañen a todos los legisladores y ciudadanos. De acuerdo a l documento Consideraciones para la respuesta católica a propuestas legislativas de no discriminación a homosexuales, “la Iglesia tiene la responsabilidad de promover la moralidad pública de toda la sociedad civil sobre la base de los valores morales fundamentales, y no simplemente protegerse a si misma de la aplicación de leyes perjudiciales”.

Al participar como actor político la Iglesia abre una importante ventana de posibilidades ya que su mutación de institución religiosa en actor político implica una sumisión, voluntaria o no, a las reglas del juego político en las democracias. Al inscribirse como actor político pierde las prerrogativas que como institución religiosa aspira a mantener. El manejo de los casos de abuso sexual, al margen de ser un tema sobre pecado y/o crimen, se constituye también en materia política. El comportamiento de la jerarquía defendiendo, por un lado, una postura ultraconservadora hacia lo sexual y, por otro, encubriendo casos de abuso sexual a su interior debería impactar en el nivel de legitimidad que, como institución, conserva en los distintos países de la región. Una jerarquía que se moviliza por influenciar legislaciones y políticas públicas con una moral sexual restricta y dogmática tiene que dar cuentas, también, políticamente del doble discurso que instituye. Más allá de la reacción de la comunidad católica frente a su jerarquía, o del accionar de la justicia penal en los distintos países, la forma en que la jerarquía manejó los casos de abusos sexual es también una parte que compone la postura pública de la Iglesia como actor político.

La jerarquía católica tiene el derecho a participar públicamente cuando se discute la sexualidad, pero también aquellos que se movilizan con una agenda favorable a los Derechos Sexuales y Reproductivos tienen el derecho de debatir el doble discurso y la hipocresía que estos casos de abuso sexual han puesto en evidencia. Más allá de lo que decida hacer la iglesia y la justicia, estos casos ponen de manifiesto las limitaciones discursivas sobre la sexualidad de la jerarquía católica.

Publicada em: 27/04/2010

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