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Chile

Violencia sexual como tortura

Por Pilar Pezoa Navarro

La tortura y el abuso sexual son actos vejatorios que reducen la condición humana de las víctimas. Bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), agentes de seguridad del Estado chileno sometieron opositores detenidos a torturas, tratamiento sistemático que en el caso de las mujeres detenidas incluyó actos de violencia sexual. Las víctimas relatan que fueron obligadas a permanecer desnudas, los captores las sometían a tocamientos y violaciones. Este año se espera que en respuesta a una serie de querellas el Poder Judicial chileno emita un fallo y reconozca que la violencia sexual fue una práctica sistemática y generalizada, empleada como método de tortura en los centros clandestinos de detención.

El primer paso en la búsqueda de ese reconocimiento fue dado por Patricia Herrera, militante del Partido Socialista detenida y torturada en 1974, quien acompañada por la abogada Paulina Maturana, de la Corporación Humanas, presentó en diciembre del año pasado la primera querella criminal por “delitos de torturas, otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, secuestro y asociación ilícita”. Por primera vez el Estado chileno deberá investigar judicialmente estos hechos.

En febrero de este año, fueron interpuestas tres nuevas querellas por los mismos delitos. Esta vez se incluyen mujeres torturadas en Buenos Aires, Argentina, en el marco de la denominada Operación Cóndor. Las acciones judiciales fueron posibles gracias a los testimonios de 3.399 mujeres que en 2005 declararon ante la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, denominada Comisión Valech (por el apellido de su presidente, el Obispo Sergio Valech). En sus testimonios, 316 reconocieron haber sido violadas. El trabajo de la Comisión en ese momento permitió que 27.255 personas accedieran a medidas de reparación.

La Comisión Valech fue reabierta el 17 de febrero del año pasado. Su plazo de funcionamiento se extendió por seis meses más, por lo que culminará el 17 de agosto de este año. Se espera que la hoy denominada Comisión Valech II recoja relatos de mujeres y saque a la luz la violencia de género perpetrada contra las detenidas de la dictadura chilena, que se mantuvo a la sombra durante décadas.

El reconocimiento de la violencia de estado contra las mujeres tiene entre sus antecedentes las Convenciones de Derecho Internacional Humanitario de Ginebra (1949), que buscaron formular medidas orientadas a protegerlas en el marco de conflictos armados internacionales. En 1993 y 1994, los estatutos de los tribunales internacionales para juzgar los crímenes de la ex Yugoslavia y de Ruanda, creados y regulados por Naciones Unidas, avanzaron en esta materia al tipificar como delito las violaciones y ofensas por razones de género. En 1998, el Estatuto de la Corte Penal Internacional de Roma lo consideró delito de lesa humanidad cuando forma parte de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil. Estos tribunales han condenado violaciones masivas como las ocurridas en la República Centroafricana y la República Democrática del Congo.

En entrevista con el CLAM, la abogada Paulina Maturana describe el proceso que llevó a la presentación de las querellas por parte de las víctimas de estos crímenes, junto a la Corporación Humanas. Reflexiona sobre los alcances, dificultades y significado de estas acciones judiciales.

¿Qué motivó a la Corporación Humanas a presentar, primero en diciembre y luego en febrero de este año, querellas por tortura contra mujeres durante la dictadura militar?

Este es un trabajo que Corporación Humanas realiza desde hace mucho tiempo. Surgió a partir de una investigación en la que participó la Corporación La Morada en la que entrevistamos a mujeres víctimas de violencia sexual durante la dictadura y constatamos la magnitud de este problema. La violencia sexual fue la forma sistemática y generalizada de agresión contra las mujeres víctimas de la violencia de estado durante ese período.

Trabajamos con la Comisión Valech I con el fin de poner de manifiesto esta realidad. Le solicitamos que tuviera en cuenta lo ocurrido, así como la importancia de reparar de forma específica a las mujeres que fueron torturadas de esta forma. Si bien la Comisión consideró esta situación, pues tiene un capítulo especial sobre violencia de género, sólo la nombró y no estableció medidas especiales para favorecer a las mujeres que vivieron tales vejámenes.

Por este motivo, hicimos llegar nuestras críticas al Comité Contra la Tortura. En 2009, este Comité emitió recomendaciones al Estado chileno entre las que destacan la creación del Instituto de Derechos Humanos, la reapertura de la Comisión Valech, el reconocimiento de las personas torturadas fuera de Chile, y no sólo en el territorio nacional, la calificación especial de las mujeres torturadas y la tipificación de la violencia sexual como una forma de tortura.

La investigación fue apoyada por UNIFEM a través de un proyecto que permitió sistematizar algunos casos y buscar mujeres que quisieran contar su verdad y exigir justicia. Trabamos con 16 personas. El proceso fue largo e intenso, pero a la vez reparador y hermoso. Junto al equipo que trabaja en el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (PRAIS), que además cuidó de la salud mental de las mujeres, definimos con ellas quiénes estaban en condiciones de resistir un proceso judicial como éste.

Se escogieron cinco casos y nuestra primera querellante fue Patricia Herrera. Ella es increíblemente valiente y encabezó esta serie de demandas. Después, en febrero, presentamos tres casos de mujeres que fueron secuestradas, detenidas ilegalmente y torturadas en Argentina en el marco de la operación Cóndor.

¿Cuáles son los caminos para visibilizar esta problemática?

La vía judicial es una forma de visibilizar esta realidad y de hacer efectivo el cumplimiento de los derechos humanos de estas mujeres. Si en Chile agotamos todos los recursos internos y no encontramos justicia ni reparación, entonces debemos seguir el camino ante una Corte Internacional y solicitar que se sancione al Estado de Chile y se le obligue a cumplir con los estándares internacionales a los cuales se comprometió con la suscripción y firma de estos tratados.

¿Chile ha acatado las recomendaciones del Comité contra la Tortura de la ONU y por otros órganos internacionales de derechos humanos respecto a la violencia sexual?

En relación con la violencia sexual, no. Chile aún tiene un largo camino por recorrer para alcanzar el estándar internacional en esta materia. Tenemos que apostar a que nuestra legislación adopte las definiciones internacionales de la Convención Contra la Tortura. Es cierto que se ha avanzado, se creó el Instituto de Derechos Humanos y se logró la normativa que permitió la reapertura de la Comisión Valech.

En este momento estamos haciendo lobby, especialmente en reuniones con el equipo jurídico de esta Comisión, para entregarle minutas y material recopilado del derecho internacional y otras fuentes. De esta manera queremos brindar mayor soporte a la argumentación para que la Comisión cumpla con las recomendaciones formuladas. De ser así, abriría un capítulo especial para la violencia sexual y definiría reparaciones acorde con las formas específicas de violación de derechos humanos sufridas por las mujeres.

En resumen, todavía falta bastante, pero estamos trabajando en ello. Se nos ha informado que la Comisión está trabajando en la misma línea, pero esto sólo lo sabremos cuando tengamos el informe final de la Comisión en agosto de este año.

¿Qué dificultades podrían enfrentar las querellas?

Las querellas ya fueron acogidas para tramitación. La principal dificultad radica en que ha pasado mucho tiempo desde el momento en que se cometieron los crímenes hasta la presentación de las mismas, por lo que todo dependerá del criterio del ministro de fuero, en este caso el ministro de la Corte Suprema Mario Carroza, quien recibió estas acciones penales.

Es cierto que existen otras querellas sustanciadas con descripciones claras de los lugares de detención y de las personas que participaron allí, que tuvieron sentencia favorable. Sin embargo, no podemos desconocer la dificultad del tiempo. Afortunadamente, hay muchas personas que estuvieron presentes en los lugares, fueron testigos de lo que ocurrió y están dispuestas a declarar.

Esperamos que el ministro Carroza, como miembro del poder judicial, aplique las Convenciones y los tratados internacionales para que se haga justicia y no se declaren prescritos los crímenes de lesa humanidad.

Creo además que existe voluntad de abordar estos casos. En febrero, el poder judicial presentó por iniciativa propia un número importante de querellas vinculadas a violaciones de derechos humanos en el período 1973-1990 que, por diversas razones, no habían sido investigadas. Esta es una señal que revela que el poder judicial, por lo menos en esta ocasión, está dispuesto a investigar, zanjar y dar una solución a esos casos de familias que han esperado mucho tiempo.

En caso de obtener un fallo favorable, ¿cuáles serían los procesos de reparación para las víctimas y para la sociedad en su conjunto?

La reparación es un tema especial para las representadas, porque cuando se busca la reparación se pide intentar volver las cosas al estado anterior, como si nada hubiera ocurrido, y eso es imposible en el caso de ellas.

Es imposible ser las de antes después de las atrocidades que vivieron. Las querellantes fueron violentadas sexualmente, algunas violadas, torturadas mediante la aplicación de descargas eléctricas en la vagina, les pincharon los pezones con pinzas, les hicieron el submarino (método de tortura que consiste en provocar asfixia temporal) y estuvieron expuestas a una infinidad de situaciones que las afectaron para el resto de sus vidas.

Esto tiene que ver con la parte más íntima de ti, con tu psiquis, con la conformación de lo femenino. Por el momento no estamos trabajando ninguna mujer que haya quedado embarazada como producto de las violaciones, pero existen casos en los que esto sucedió. Entonces, no es posible vivir como antes.

Buena parte de las reparaciones exigidas son simbólicas, no monetarias. Pero debemos partir de la base que, para cada una de las mujeres, la reparación incluye cuestiones distintas. No es posible definir “La Reparación”. Hay que construir con cada una de ellas la forma de reparación que considera más adecuada. Por ejemplo, se habla de la creación de memoriales y de hitos que recuerden la violencia sexual contra mujeres detenidas que tuvo lugar en Chile y se reconozcan los lugares donde ocurrió. Una mujer estuvo detenida en una base naval, pero no hay registro de eso. Ella quiere que se construya un memorial que indique que ahí hubo mujeres que fueron torturadas.

En la mayoría de los casos se busca reparación en el ámbito de la salud mental, como tener acceso a programas que les permitan mejorar su calidad de vida. Otras esperan beneficios educativos, y están las que piden que se realicen investigaciones en materia de salud sobre trastornos catastróficos comunes a personas que fueron torturadas. Son cosas de ese orden.

Por eso es importante que la Comisión Valech II reconozca de una vez por todas que no hay una categoría única de víctimas, y que las mujeres que fueron violentadas y torturadas sexualmente deben conformar una categoría especial con reparaciones especiales.

Fueron 3.399 las mujeres que dieron testimonio ante la Comisión Valech I y muchas otras lo están haciendo ahora, con su reapertura, la llamada Comisión Valech II ¿Se trata de una oportunidad histórica de visibilizar la violencia sexual de que fueron víctimas las mujeres detenidas?

No sé si la oportunidad es única o no, pero sí que abre posibilidades para que el Estado de Chile dé cumplimiento a las recomendaciones internacionales. Este es un momento clave. La Comisión Valech I dio cuenta de un número de casos de mujeres y dijo que la mayoría de ellas había sido violada; pero no hizo nada al respecto.

En este momento no tenemos una cifra exacta de cuántas mujeres han presentado su testimonio. La prensa habla de más de 3.300 casos. El hecho de que la Comisión tuviera que solicitar una ampliación del plazo, que se extenderá seis meses más, hasta agosto de este año, sugiere que el número ha sido alto.

Creo que todo lo que está sucediendo es importantísimo para la historia de nuestro país y para la historia de las mujeres chilenas. Será la oportunidad para que el Estado garantice que estas conductas no se repetirán, para que esto quede en un informe oficial y se produzca la reparación como corresponde.

¿Qué impacto tendrá esta acción en la vida de Patricia Herrera, el primer caso presentado?

Lo he conversado con Patricia y creo que los impactos son múltiples. Ella ha sido muy valiente. Es una profesional doctorada que trabaja en una municipalidad de Santiago y sus compañeros de trabajo, así como muchas personas cercanas a ella, no tenían idea de lo que le sucedió. Este no es un tema fácil. Una no se presenta y le dice mira yo fui torturada sexualmente. Son cosas que se guardan y se cargan en la intimidad. Patricia se enfrentó a las reacciones de todo el mundo.

Muchas personas le escribieron, otras a quienes no veía hace años trataron de ubicarla. Para ella éste ha sido un proceso emocionalmente muy difícil, pero también lo ha vivido acompañada con mucho cariño y respeto. En una ocasión estábamos las dos en un café al mediodía y unos señores de otra mesa vinieron a saludarla y le dijeron: “la vimos en la televisión. Mis respetos señora”.

Yo no puedo más que admirarlas profundamente porque son tremendas mujeres y una no sabe de dónde han sacado la fuerza para poder salir adelante de las atrocidades que les tocó vivir. Son estas mujeres las que hoy enarbolan la bandera para que esto no le ocurra a otras mujeres en Chile, y por eso tomaron esta acción política con los riesgos que supone para sus vidas personales (véase por ejemplo, los asesinatos de mujeres que denunciaron la violencia sexual como forma de tortura durante otros regímenes dictatoriales).

Publicada em: 06/04/2011

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