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Igualdad jurídica

La Cámara de Diputados de la Argentina debatió por primera vez, en comisión, dos proyectos de ley que modifican el Código Civil para contemplar el matrimonio entre personas del mismo sexo y la equiparación de los derechos en la constitución de las relaciones familiares de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales con los de las personas heterosexuales.

Ambos proyectos buscan modificar el artículo 172 del Código Civil, en el que se menciona, en términos matrimoniales, "hombre y mujer", reemplazándolo por un término más abarcativo: "contrayentes". Si se aprueba, permitirá que personas del mismo sexo puedan casarse y así acceder a derechos como pensión, obra social y herencia y a las obligaciones hacia los hijos adoptados en caso de separación. A su vez, este cambio genera modificaciones en cadena. El artículo 188 dice que “en el acto de la celebración del matrimonio, el oficial público leerá a los futuros esposos los artículos 198, 199 y 200 de este código, recibiendo de cada uno de ellos, uno después del otro, la declaración de que quieren respectivamente tomarse por marido y mujer, y pronunciará en nombre de la ley que quedan unidos en matrimonio”. Los proyectos presentados proponen substituir “marido y mujer” por “constituirse en cónyuges”, lo que supone modificar alrededor de treinta artículos vinculados con las diferentes funciones derivadas de la figura del matrimonio –herencias, sucesiones, divorcio y adopción, entre los más destacados y controvertidos.

Los proyectos presentados en una plenaria formada por las comisiones de Legislación General y Familia, Mujer y Niñez fueron expuestos por sus autoras, las diputadas Silvia Augsburger y Vilma Ibarra, la presidenta de la Federación Argentina LGBT, María Rachid, y los constitucionalistas Andrés Gil Domínguez (Universidad de Buenos Aires) y Fernando Saba (Universidad de Palermo). El tratamiento de la ley en esas comisiones fue estratégico, ya que sus presidentes son cofirmantes del proyecto.

Como era de esperarse, la posibilidad de concreción de estos cambios a nivel nacional generó una fuerte oposición por parte de sectores más conservadores de la sociedad, básicamente desde diversos frentes vinculados a la iglesia católica. Al respecto, el Foro UCA Vida y Familia, de la Universidad Católica Argentina, emitió un comunicado resaltando que "algunos proyectos de ley, bajo pretexto de proteger las conductas privadas de las personas del mismo sexo, buscan un reconocimiento público e institucional que excede el ámbito de lo privado, al alterar una institución de relevancia fundamental para la sociedad toda”. El argumento se basa en una concepción del matrimonio como un “vínculo, libre, permanente y exclusivo entre un varón y una mujer, en orden a la ayuda mutua y la procreación y educación de los hijos”, es decir una percepción heterosexual y reproductiva de lo que significa la unión conyugal entre dos personas.

Al respecto, el Grupo de Estudios en Sexualidad, GES, del Instituto Gino Germani emitió un pronunciamiento acerca de la igualdad y el matrimonio explicó que esta modificación en el Código Civil “contribuirá a subsanar la desigualdad jurídica que afecta a las personas en función de su orientación sexual y amorosa, y las priva formalmente de los derechos básicos de ciudadanía incluidos en la Constitución argentina”.

De acuerdo con la letra del proyecto presentado por Ibarra y Augsburguer, “consagrar la igualdad de status civil jurídico social en la institución del matrimonio a todas las personas no sólo implica un desagravio a sectores sociales que han sido y siguen siendo marginados y perseguidos, sino que es fundamentalmente una conquista real y simbólica para toda la sociedad”.

Hasta el momento en Argentina sólo se reconocen algunos derechos a las parejas homosexuales y en unos pocos distritos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rige la Ley 1004 de Unión Civil, el primer reconocimiento de las parejas del mismo sexo en América Latina y el Caribe. También existe en la provincia de Río Negro y las ciudades cordobesas de Río Cuarto y Villa Carlos Paz.

Según datos de una encuesta realizada por la Federación Argentina LGBT, la ley tiene 70% de consenso social. Esta cifra es igual a la que hasta la publicación de esta nota arrojaba la encuesta online lanzada por el matutino local “La Nación”, el único que hizo eco de los comunicados emitidos por los sectores de la iglesia: 70% a favor de modificar el Código Civil y 30% en contra.

Si el dictamen de las comisiones es favorable, la posición que adopte el bloque oficialista (Frente para la Victoria, peronista) será clave para definir si el debate llega al plenario de la Cámara Baja. La mayoría de la oposición está a favor: los socialistas, los bloques de centroizquierda, la mayoría de los representantes del radicalismo (Unión Cívica Radical) y de los integrantes de la Coalición Cívica, apoyan el proyecto. Al respecto, María Rachid hizo una apelación directa a los legisladores durante su intervención en la plenaria de las comisiones: “Sabemos que contamos con la convicción de muchos de ustedes, pero hace falta algo más. Necesitamos la valentía del peronismo de Eva Perón cuando se aprobó el voto femenino, del radicalismo de Raúl Alfonsín cuando se aprobó la ley de divorcio, la de los socialistas con Zapatero cuando se aprobó el matrimonio y la ley de identidad de género en España. Hace falta la valentía de una clase política que se decida a hacer justicia y hacer historia”. El próximo jueves se reanuda el debate que contará con la presencia del activista gay español Pedro Zerolo, asesor del presidente José Luis Zapatero, quien propició una reforma similar en España en 2005, en la que se basan los dos proyectos argentinos.

El camino está iniciado. Resta saber si el respeto por la diversidad y el principio de laicidad del Estado podrán imponerse como criterios para contemplar los derechos de ciudadanía de personas que aún están privadas de ejercerlos o, una vez más, la homofobia y las concepciones de familia y matrimonio de la Iglesia Católica continuarán norteando a la legislación argentina.

El GES - Grupo de Estudios sobre Sexualidades, del Instituto Gino Germani, Universidad de Buenos Aires, con el cual el CLAM mantiene diversas colaboraciones, emitió el siguiente pronunciamiento, que ya lleva más de 500 adhesiones:

Acerca de la igualdad y el matrimonio

Manifestamos nuestro compromiso político e intelectual con la plena vigencia y ejercicio universal de los derechos, y saludamos la apertura del debate en torno a la modificación del Código Civil que permita a las parejas conformadas por personas del mismo sexo acogerse a la institución del matrimonio, en el marco de la igualdad ante la ley. Dicha modificación contribuirá a subsanar la desigualdad jurídica que afecta a las personas en función de su orientación sexual y amorosa, y las priva formalmente de los derechos básicos de ciudadanía incluidos en la Constitución argentina.

La libertad e igualdad para establecer vínculos amorosos y familiares que sean reconocidos por el Estado, sin imposiciones arbitrarias, hacen a la autonomía de los sujetos, autonomía que es un derecho indeclinable y condición necesaria de la democracia. Garantizar los mismos derechos a las personas que forman parejas homo o heterosexuales, reconocer a las mujeres su capacidad moral de decidir sobre sus vidas y que puedan acceder al aborto legal en contextos seguros, o que las personas trans sean reconocidas en su identidad, sin ser patologizadas, son apenas algunas de las expresiones de ese derecho, y de cómo hoy se encuentra todavía vulnerado.

Nuestra democracia en permanente construcción exige su reparación urgente, como lo ha hecho hace dos siglos con la abolición de la esclavitud, hace seis décadas con el voto femenino, y en esta transición, por ejemplo, con el divorcio vincular y la patria potestad compartida. No hay más esclavos, no hay más sufragio exclusivamente masculino, no hay privilegios legales para los varones respecto de las mujeres, puesto que con ciudadanos y ciudadanas jurídicamente considerados de segunda, no hay democracia que merezca tal nombre ni hay pleno estado de derecho.

La exclusión de gran parte de la población de la posibilidad de acceder a los derechos y responsabilidades asociados al matrimonio, perpetúa una sociedad con desigualdades arbitrarias y lo hace con la complicidad del Estado y los representantes del pueblo.

Por ello, celebramos la iniciativa parlamentaria y el debate que comienza. Esperamos que las y los legisladores plasmen el mandato democrático de adecuar las normas acorde a las necesidades y expectativas de una sociedad diversa y plural.

Grupo de Estudios sobre Sexualidades, Instituto de Investigaciones “Gino Germani”, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

Publicada em: 04/11/2009

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