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Argentina

“NO FUIMOS CONSULTADAS”

El decreto 936/11, firmado en julio por la presidenta Cristina Fernández, desató un intenso debate entre quienes combaten la trata de personas y buscan acabar con la prostitución por considerarla una forma de explotación sexual, y quienes defienden la regulación del trabajo sexual con el fin de brindar un marco de protección a quienes lo ejercen.

La norma en mención prohíbe la oferta de avisos que “hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual por cualquier medio”, por considerarlos un “vehículo efectivo para el delito de trata de personas” con fines de explotación y sexual. El motivo del debate tiene que ver con el sentido mismo de la norma, que se plantea como medida para prevenir la trata de personas, erradicar la violencia y la discriminación contra las mujeres, y transformar los patrones socioculturales que sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre el sexo femenino (Considerando, decreto 936/11).

La Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos (AMMAR-Capital), de orientación “abolicionista” en lo que hace a las políticas frente a la prostitución, se mostró a favor del decreto por considerarlo un avance en la lucha contra las formas denigrantes con las que se publicita la prostitución. Por su parte, AMMAR-Nacional, organización con perspectiva “reglamentarista”, que lucha por el reconocimiento de los derechos humanos y laborales de las/os trabajadoras/es sexuales, se manifestó contra el mismo, argumentando que la norma no contribuye a la persecución de la trata y sí a la criminalización de la prostitución.

Pese a sus diferencias, ambas organizaciones reclaman que el decreto presidencial debió tomar en cuenta sus voces y reclamos –cosa que no lo hizo– y postulan que medidas como ésta no garantizan la protección de sus derechos sino su persecución. Al respecto, las integrantes de AMMAR-Capital escribieron en su blog que si bien son partidarias de un mundo sin prostitución, no creen que este objetivo pueda alcanzarse mediante la represión de las personas que la ejercen “sino [a través] de sociedades y Estados capaces de generar puestos de trabajo y condiciones de vida dignas, vivienda, salud y educación para todas las personas y particularmente para las mujeres en situación de vulnerabilidad social”. Por su parte, AMMAR-Nacional considera que el Estado debe implementar un programa integral que permita que aquellas personas que quieren salir de la prostitución puedan hacerlo. Ambas organizaciones se manifiestan también en contra de la trata, la explotación sexual y la prostitución infantil.

Las voces en debate

Con el fin de convocar un espacio de diálogo que permitiese comprender mejor las implicaciones del decreto presidencial y discutir las modalidades de intervención más apropiadas para detener la explotación sexual y la trata de personas, el Grupo de Estudios en Sexualidad (GES) del Instituto Gino Germani convocó en la Universidad de Buenos Aires una mesa redonda en la que participaron representantes de organizaciones de meretrices, académicas y legisladoras.

En la discusión, las participantes expresaron su malestar por no haber sido convocadas para la reglamentación de este decreto ni para la redacción y tratamiento de la ley 26.364, que tiene por objeto “implementar medidas destinadas a prevenir y sancionar la trata de personas, y asistir y proteger a sus víctimas”.

Para la legisladora de la ciudad de Buenos Aires Diana Maffia, el decreto no tuvo en cuenta las voces de las personas que están en situación de prostitución, para determinar si las medidas adoptadas eran las más idóneas. Por tal motivo, considera que el gobierno cayó en una actitud paternalista. “Cuando establecemos políticas integrales para un grupo específico de la población es necesario que haya voces en primera persona, sin importar el modo en que las personas se definan”, refiriéndose a las posiciones encontradas del activismo en torno de la prostitución. Ya sea que se consideren trabajadoras sexuales o personas en situación de prostitución, las ciudadanas cuyos derechos se pretende proteger deben ser consultadas, señaló.

Haciendo eco de lo señalado por ambas vertientes, para Maffia, las prohibiciones contempladas en el decreto presidencial representan un arma de doble filo, ya que al eliminar los avisos sin haber hecho una investigación previa, reduce los elementos probatorios (domicilios de lugares donde puede haber mujeres sometidas a una situación no consentida de trabajo sexual o proxenetismo) para acusar y procesar a los establecimientos que violan la ley. En este mismo sentido, Laura García Tuñón, también legisladora de la ciudad de Buenos Aires, comentó que la prohibición en sí conlleva la clandestinidad de las trabajadoras sexuales y el ocultamiento de una situación social real. “La eliminación del ‘rubro 59’ fue un ataque a Clarín [periódico argentino que popularizó la clasificación de la oferta de servicios sexuales bajo esa categoría] más que una reglamentación que proteja a las mujeres. Además eliminó los datos que podían ayudar a develar ciertas redes de trata y explotación sexual”, precisó.

Elena Reynaga, Secretaria General de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR Nacional-CTA), recordó que su organización había propuesto un protocolo con el fin de determinar los casos en que hubiese explotación sexual sin eliminar, para ello, la publicación de avisos, que para muchas constituye una herramienta de trabajo. “La idea era que los medios llevaran un registro con el DNI (Documento Nacional de Identidad) de quien lo paga, para saber si la persona es mayor de edad y si está en la prostitución por su propia voluntad”.

La representante de AMMAR-Nacional señaló que la implementación de este protocolo puede quedar en manos de la Oficina de Monitoreo de la Publicación de los Avisos de Oferta de Comercio Sexual –entidad creada por el decreto 936/11 con el fin de regular su aplicación–, de modo que les dé garantías a las trabajadoras sexuales que publicitan, al mismo tiempo que avance en la identificación de los proxenetas que hacen uso de este medio. “No queremos dejarles a los grandes medios toda la decisión; el diario donde está el Rubro 59 [Clarín] también se aprovecha de nosotras al cobrarnos más que lo que cobra en los demás rubros. Pero es posible armar un protocolo para protegerse de los proxenetas y para detectar la trata. Nosotros ya habíamos empezado a elaborar esta idea, llegamos a volcarla por escrito, y lo que pedimos es que se discuta en una mesa donde podamos participar”, subrayó.

Reynaga sostiene la necesidad de diferenciar trabajo sexual de proxenetismo: “una cosa es trata y explotación y otra es prostitución o trabajo sexual”. Según explica, AMMAR-Nacional está a favor de la regulación del trabajo sexual con el fin de garantizar que lo ejerzan personas mayores de edad de forma autónoma y consentida, y acabar así con cualquier relación de dependencia que, en Argentina, constituye delito. El Decreto 936/11, sin embargo, no afectará a establecimientos en donde se presente explotación sexual: “Los ‘saunas’ no van a cerrar, porque tienen otros métodos para publicitarse, como la contratación de ‘tarjeteros’ y la ubicación de lugares específicos para la distribución de esta publicidad. A ellos les iba muy bien antes de que existieran estas publicidades en los medios. Con la publicación del decreto presidencial las compañeras van a tener que volver a esos lugares, en donde las van a explotar más, porque van a tener menos recursos para defenderse. Es lo que siempre decimos: la clandestinidad va en beneficio de los sinvergüenzas”, argumentó en el debate.

Para Graciela Collantes, presidenta de AMMAR-Capital, Argentina es un país abolicionista y no reglamentarista, ya que aún existen códigos contravencionales en varias provincias, que sancionan y penalizan el ejercicio de la prostitución. Como consecuencia, señaló, “la pena recae sobre las mujeres que ejercen la prostitución y no sobre los que las explotan”. Collantes cuestionó el incumplimiento de tratados internacionales suscritos por el país que buscan proteger y garantizar los derechos de las personas que ejercen la prostitución. Señaló que, hasta el momento, “lo único que se ha hecho es perseguirnos, en vez de establecer políticas públicas para protegernos. El Estado está para legislar, no para ejercer control sobre nuestros cuerpos”.

Reynaga secundó esta postura. Para ella, “la experiencia nos dice que cada prohibición nos expone a nosotras, no a los proxenetas, y que la posibilidad de erradicar la trata va por el mismo camino que nos saque a nosotras de la clandestinidad, que nos dé un marco legal”. La activista señaló que el Estado debe revisar su discurso sobre la prostitución, ya que sus acciones se orientan más hacia la criminalización de este oficio que a la garantía de derechos. Según una investigación en curso realizada entre AMMAR-Nacional, el Ministerio de Salud y la Universidad de Buenos Aires, en las cinco provincias argentinas más pobladas hay por lo menos 80.000 meretrices de las cuales 60.000 trabajan en lugares cerrados.

Otro problema planteado en el debate fue la falta de leyes que garanticen los derechos de menores que se prestan al comercio sexual con el fin de garantizarse un sustento. Al respecto, Collantes señaló que los programas dirigidos a las personas que ejercen la prostitución consideran únicamente a las mayores de 18 años, bajo el supuesto de que las menores se encuentran en una situación de explotación sexual. “Ese modo de pensar las políticas desconoce la situación de muchas jóvenes de familias con escasísimos recursos que se prostituyen para poder comer. Y nosotras, ¿qué hacemos con eso? No podemos tenerlas en la sede [de AMMAR] y el gobierno no nos da respuestas. A esto nos referimos cuando hablamos de desnaturalizar la prostitución”, señaló.

Diana Maffia sostuvo que más necesario que prohibir la oferta de prostitución es evitar su estigmatización. Debe haber leyes que regulen este tipo de publicidad, en lugar de prohibirla. “Algunos avisos que están ofreciendo un servicio sexual a veces colaboran en el fortalecimiento del estigma y la denigración de la mujer. Estos son los considerados de ‘explotación ajena’ y contra los que se debe legislar, ya que son publicados por proxenetas de manera anónima. En esa actividad hay una cadena de lucro en la que participa el medio que les permite su publicación. Colocar a las personas en situaciones de abyección o no dar protección integral por parte del Estado es una manera ilegítima de ejercer el poder. Prohibir el rubro 59 no elimina el sometimiento, la violencia o la vulnerabilidad de las personas en situación de prostitución”, puntualizó la legisladora.

No obstante, el decreto presidencial recibió el apoyo de organizaciones de mujeres, medios de comunicación y grupos feministas. Para Estela Díaz, Coordinadora del Centro de Estudios Mujer y Género, queda claro que la medida “no sólo está dirigida a combatir la trata de personas sino también a contribuir con la erradicación de la violencia y la discriminación hacia las mujeres y niñas, especialmente la mediática”.

Por su parte, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) expresó en un comunicado que el decreto presidencial “es un avance en la lucha contra los delitos de trata de personas y el delito de proxenetismo, que inevitablemente debe ser complementado con medidas de persecución penal efectivas y coordinación en políticas públicas de todos los estamentos y niveles del Estado (nacional, provinciales y municipales), que demuestren voluntad y ejecución política efectiva en esta materia”.

Desde hace más de un año, Fopea desarrolla una campaña para lograr la supresión voluntaria en los medios gráficos de todo el país de “publicidad engañosa, que encubra la captación de personas para la explotación sexual o promocione el proxenetismo”. Fopea propone que además del decreto firmado, se aproveche el debate público sobre el tema para tratar la elaboración de una ley específica en el Congreso de la Nación. Sin embargo, la organización considera que, en vez de prohibir, debe buscarse la autorregulación por parte de los medios de comunicación, de forma que manifiesten –frente a este y otros temas– un compromiso ético de responsabilidad social.

Otra forma de encarar el problema

La investigadora María Aluminé Moreno, integrante del equipo de trabajo de Diana Maffia en la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, explica que actualmente en la Argentina existe un interés por legislar sobre prostitución desde diferentes posturas políticas. Haciendo contrapeso a las perspectivas abolicionistas sobre el tema, la diputada Maffia presentó dos proyectos de ley que, en conjunto, buscan acabar con la sanción de la prostitución y transformar el enfoque punitivo que perjudica a las personas que ejercen este oficio. Uno de los proyectos busca eliminar el artículo 81 del Código de contravenciones de la ciudad de Buenos Aires que sanciona la oferta y demanda de sexo en la vía pública; el otro establece que el Estado debe garantizar los Derechos Humanos a las personas en situación de prostitución, en materia de salud, vivienda, educación y trabajo.

Con ello se busca establecer una serie de directrices para que el Estado local intervenga en el tema de prostitución, visibilizar esta problemática como un tema social y pensarla como un objeto de deliberación política y de intervención pública, afirma Moreno. “Para nosotros, este tema tiene que ver con las relaciones de poder en la sociedad y la desigualdad en su interior. Ésta es una temática que está muy naturalizada en los discursos sociales y en los medios de comunicación, y con el proyecto queremos cuestionar este sentido común y generar principios para la intervención del Estado local”, explicó. Una característica destacable del segundo proyecto es la inclusión de un artículo que establece mecanismos de consulta con las personas en prostitución, de manera que se incorporen sus voces en el diseño e implementación de políticas sobre el tema.

A diferencia del decreto presidencial sobre la publicidad de oferta sexual, este proyecto fue discutido con ALIT (Asociación de Lucha por la Identidad Travesti), AMMAR-Capital y AMMAR-Nacional, y cuenta con el apoyo de la legisladora Laura García Tuñón, de la Central de Trabajadores de la Argentina. “Si bien no estamos de acuerdo con que la prostitución sea un trabajo, o que estas personas vayan a estar mejor porque se las reconozca como trabajadoras, consideramos que es necesaria una ley integral que contemple todas las posturas en esta situación y no solamente las abolicionistas”, subrayó Moreno. Esto es particularmente necesario, afirma, en un universo tan heterogéneo como el de la prostitución, en el que suelen quedar invisibilizados otros sujetos que no son mujeres pero que ejercen el oficio, así como las diferentes modalidades en que se lleva a cabo: no es lo mismo la prostitución de calle que la que tiene lugar en espacios privados o en clubes, agregó.

La investigadora destacó la importancia de incluir en el debate a otros actores gubernamentales, además de la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Derechos Humanos, que pueden aportar soluciones clave a las problemáticas de las personas que ejercen la prostitución. Indicó, por ejemplo, la pertinencia del Ministerio Desarrollo económico, que maneja los planes de promoción de empleo, y del Ministerio de Justicia.

“También es importante el modo en que interviene el poder Judicial, no sólo en la investigación de denuncias sino en la aplicación del artículo 81 del código contravencional, que sanciona la oferta y demanda de sexo”, puntualizó. Si bien los edictos policiales fueron derogados cuando Buenos Aires pasó de la esfera federal a ser ciudad autónoma, por presiones políticas se incluyó nuevamente este artículo en el código contravencional.

La definición de trata Una de los marcos normativos en que se ampara el decreto 936/11 es la Ley 26.364 de 2008 para la “Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas”. A inicios de septiembre el Senado de la Nación dio media sanción a un proyecto que modifica esta ley. La iniciativa surgió a raíz de cuestionamientos de movimientos sociales a dos puntos de la ley: la aceptación del “consentimiento” de la víctima de trata en la exculpación del victimario, atenuante derogado en el proyecto, y el no cumplimiento efectivo de la pena por el beneficio de la probation (que permite la suspensión del juicio penal en los casos en que las penas sean menores a tres años a cambio de tareas comunitarias y reparación del daño). Por ello se fijó una pena mínima de cuatro años por este delito. El proyecto también contempla la inclusión del delito de promoción de la pornografía infantil –que había quedado fuera de la anterior normativa– y el establecimiento del número telefónico 145 (ya fijado por decreto) para recibir denuncias desde todo el país, incluso a través de mensaje de texto. La iniciativa, aprobada por unanimidad, deberá ser tratada antes de fin de año en la Cámara baja.

Otro aspecto destacado es la ampliación del concepto de trata de personas. Según el texto, configura este delito “el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, en el territorio nacional o desde o hacia otros países”; y señala que hay explotación cuando: se mantenga a una persona en condición de esclavitud o servidumbre; se la obligue a realizar trabajos forzados; se promueva, facilite o comercialice la prostitución ajena; se promueva la pornografía infantil; se fuerce a una persona a contraer matrimonio o se promueva la extracción forzosa de órganos o tejidos.

Diana Maffia señala que esta ley contribuirá también a cambiar el valor de las pruebas del delito, ya que en la ley actual la persona explotada debe proveer las evidencias, al considerarse su testimonio como insuficiente.

Publicada em: 10/10/2011

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