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Argentina

Parir como queremos

Respetar la elección de las mujeres sobre el modo de parir implica recuperar la agencia sobre sus cuerpos y reconocer otro tipo de saberes distintos al biomédico. En este sentido, es un reclamo que no dista mucho de aquellos que defienden el derecho al aborto o de quienes luchan por la identidad de género autopercibida. Detrás de las tres demandas aparece como paraguas de sentido el eslogan feminista sobre el derecho a decidir frente al propio cuerpo.

“¿Cómo parimos a nuestros hijos?” fue el nombre del ciclo de actividades que por segundo año se llevó a cabo en la ciudad argentina de Olavarría, con el objetivo de poner al alcance de la comunidad los marcos jurídicos que contemplan el derecho de las mujeres a un parto fisiológico y el derecho de los niños/as a un nacimiento sin violencia ni intervenciones biomédicas injustificadas­­. La pregunta abre un espacio de reflexión sobre los diferentes modelos de parto y nacimiento que existen, advirtiendo sus ventajas y limitaciones, y sobre la capacidad que tienen las mujeres y hombres que pasan por el trance de nacer y parir de transformar esos modelos adecuándolos a sus deseos y necesidades. Las jornadas organizadas por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Centro de la provincia de Buenos Aires, pusieron de relieve otros modos de sumisión y en algunos casos de violencia, por los que pasan las mujeres a la hora de dar a luz, sobre todo aquellas que optan por un modo no institucionalizado de hacerlo: parir en sus domicilios.

“Sabemos parir hace unos 40 mil años”, afirmó Laura Zapata, antropóloga e integrante del equipo organizador del evento, en su intervención durante las jornadas. “Nuestros cuerpos”, continuó, “han garantizado no sólo la reproducción del homo sapiens sapiens, sino también su multiplicación sobre la faz de la tierra en detrimento de la reproducción y multiplicación de otras especies. Cuando apareció esta especie, cuya posición erecta y bipedismo condujo al estrechamiento del canal de parto, las mujeres buscamos las posiciones fisiológicamente adecuadas que garantizaran un nacimiento seguro y exitoso de la cría humana. Hasta hace sólo cien años, universalmente paríamos en posición vertical y en cuclillas, porque es la forma más inteligente que las mujeres encontramos para asegurar la continuidad de la especie. ¿Qué paso con este saber? ¿Por qué fue exiliado dentro del espectro de conocimientos idóneos para dar a luz a un niño/a? ¿Por qué fue silenciado a manos de algunos saberes biomédicos y tecnocráticos?”, declaró Zapata. La antropóloga señaló que en sociedades campesinas e indígenas las mujeres han resistido la medicalización del parto y del nacimiento y que las mujeres poseen un saber instalado en su fisiología y en su mente: el de parir hijos.

Durante los dos días de trabajo no participó en los paneles ningún/a profesional de la salud como voz autorizada sobre el tema. La decisión de las organizadoras se asentó una vez más en la experiencia: “Hemos visto aun en las jornadas y congresos que tratan de modelos no medicalizados para la atención del parto y del nacimiento, que para optar por una forma de parir debemos buscar la palabra autorizada de los profesionales. Las voces y la autoridad sobre el parto y nacimiento de nuestros hijos están monopolizadas por el saber y las instituciones biomédicas”, explicaron. ¿Cómo lograr que la voz femenina, la de sus experiencias, expectativas y necesidades durante el parto y el nacimiento además de ser pronunciada sea escuchada y tenida en cuenta?, fue una de las cuestiones discutidas por las participantes durante las dos jornadas de debate.

La legislación argentina no constituye un obstáculo al respecto. Por el contrario, el país cuenta con un paquete de leyes de avanzada a nivel mundial que salvaguarda las posibilidades de partos humanizados y respetados tanto dentro como fuera del sistema institucionalizado de salud: la ley 25.929 de Derechos de Padres e Hijos durante el Proceso de Nacimiento, la 26.529 de Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud, la 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la propia ley 17.132 que regula el ejercicio de la medicina y de todos los profesionales de la salud. Sin embargo, y una vez más, el problema es la implementación y aplicabilidad de las mismas.

“La palabra de la mujer en su calidad de tal, no es capaz de sostenerse libremente por sí misma. Pese a que ella es la principal protagonista del parto y del nacimiento, su sola palabra –sus emociones, sus creencias y sus saberes–, es incapaz de ser la base y principio de ninguna autoridad en la materia”, afirmó Zapata. Este reclamo se repite en otras situaciones referidas a la salud de la mujer como la atención ginecológica y las peticiones de ligación tubaria o de aplicabilidad de los casos de aborto terapéutico, que suelen ser judicializadas o examinadas por comités de bioética. En nombre de ciertas moralidades paternalistas, tanto la decisión de las mujeres como los protocolos legales existentes son desautorizados.

El uso indiscriminado de la tecnología y las intervenciones biomédicas, como es el caso de la cesárea, es otro ejemplo de que no se tienen en cuenta los derechos de las personas a decidir sobre estos procedimientos, que terminan convirtiéndose en invasiones a sus cuerpos. Según la ley de derechos del paciente, las mujeres deben recibir una explicación detallada de las rutinas biomédicas que serán aplicadas en el momento de dar a luz. No obstante, pocas veces los equipos médicos ofrecen alternativas o dan informaciones respecto a las lesiones psicológicas y físicas que algunos procedimientos puedan ocasionar en las mujeres y en sus hijos e hijas. Ciertas intervenciones son realizadas mecánicamente y de manera irreflexiva en la atención de partos y nacimientos: el uso de la hormona oxitocina, de origen artificial, para acelerar la dilatación del útero; el monitoreo fetal permanente que impide la libre circulación de la mujer durante el trabajo de parto y el momento del nacimiento; la episiotomía que corta transversalmente los labios mayores de la vagina con el fin de ampliar el canal y agilizar la salida del feto; y la imposibilidad de elegir la posición para parir adecuándose a las necesidades de los equipos biomédicos son ejemplos de ello.

Al respecto, Zapata hizo un llamado para que el uso de la técnica esté sujeto a la regulación social y a la decisión responsable e informada de la persona afectada, no sólo a la decisión experta de los profesionales encargados de los procedimientos. En este sentido, señaló la necesidad de elaborar no sólo una ética biomédica, sino también una biopolítica crítica de esas intervenciones. “Esa biopolítica crítica es urgente cuando nos damos cuenta de que el origen de un embarazo está conectado con el ejercicio de nuestra vida sexual. Que el parto y nacimiento de nuestros hijos es un hecho no sólo médico, clínico, psicológico, cultural o social, sino sexual que, para desarrollarse de manera libre, autónoma y respetuosa, precisa las mismas condiciones que el ejercicio de nuestra sexualidad”, explicó. Sobre este punto, la ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres es clara al definir la “violencia obstétrica” como aquella que “ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, de conformidad con el artículo 2° de la ley 25.929”.

Aparte de las ya mencionadas, otra pregunta circunda el tema: ¿por qué el Estado no garantiza entre sus políticas de salud formas de parir más humanizadas, sin tanta intervención médica, en las que la mujer no sea tratada como una potencial enferma sino como una persona sana?

Esta cuestión es especialmente relevante en la disminución de la tasa de mortalidad materna, único objetivo del milenio que Argentina está lejos de cumplir. Al respecto, el Ministerio de Salud de la Nación ha implementado como política la regionalización de la atención materno infantil, creando para tal fin nosocomios especializados y tecnologizados en centros urbanos, además de la promoción de lo que denomina “maternidad segura y centrada en la familia”, que incluye bancos de sangre, quirófanos y ambulancias disponibles para atender cada parto. El único modo de asegurarse este tratamiento es la medicalización y hospitalización de la parturienta. De este modo se tiende a fortalecer la atención de tercer nivel, es decir, en hospitales que cuenten con terapia intensiva y unidad neonatológica, a costa del desmantelamiento del denominado “primer nivel”: la atención brindada por parteras en las casas de parto y los domicilios particulares.

La falacia de esta estrategia, explica Sonia Cavia, representante regional de la Red Latinoamericana y del Caribe por la Humanización del Parto y Nacimiento (RELACAHUAN), es que la mayoría de mujeres que muere dando a luz, lo hace en instituciones hospitalarias, a diferencia del reducido número de muertes reportadas entre el 2% de mujeres que paren en sus domicilios porque no alcanzan a llegar al hospital. Para Cavia, y siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) al respecto, es primordial lograr un equilibrio entre el primer y el tercer nivel, mediante la capacitación del personal de las instituciones sobre trato humanizado y prácticas científicamente adecuadas. El protocolo que la propia Organización Panamericana de la Salud (OPS) plantea para la disminución de esta tasa comprende la regionalización de la atención, pero fortaleciendo el primer nivel y promoviendo el derecho de las mujeres a una atención digna. En su sitio web, la OMS explica el rol fundamental de los servicios de partería para garantizar un embarazo y un parto saludables y sin riesgos. “Muchas defunciones maternas y neonatales”, explica, “se pueden prevenir si se dispone de parteras cualificadas que atiendan a las mujeres antes, durante y después del parto, y que sean capaces de derivarlas hacia la atención obstétrica de emergencia si surgen complicaciones graves”.

Sobre este punto Zapata señaló la necesidad de “adecuar el beneficioso uso de la tecnología y de los saberes biomédicos y encauzar su uso, sujetándolo a parámetros que no sean sólo los del saber experto, sino también a las necesidades, deseos y pautas culturales de los grupos sociales a los que va dirigido el aparato tecnológico e institucional”.

En Argentina, la actividad laboral de las parteras está regida por la ley 17.132 que regula el ejercicio de la medicina. Sin embargo, desde hace algunos años estas profesionales de la salud han intentado crear un estatuto propio. En una reunión previa al Congreso de Partería de las Américas del año 2007, realizado en el país, representantes de todas las provincias argentinas redactaron un proyecto de ley para el ejercicio profesional de las parteras, que contempla la posibilidad de brindar atención tanto en hospitales y maternidades, como en casas de parto y el domicilio de la mujer. La iniciativa, presentada en 2009, no fue aprobada. Durante el Congreso Nacional de Partería que se llevó a cabo en La Plata en 2011, el Ministerio de Salud firmó un acta-acuerdo con algunas organizaciones de parteras obstétricas que garantiza el tratamiento y aprobación del proyecto siempre y cuando se elimine el artículo que prevé y regula la atención de partos domiciliarios. Con este acuerdo el Ministerio de Salud cercena el derecho al parto domiciliario amparado desde 2004 por la ley 25.929, sujetando a las mujeres al sistema hospitalario.

Prudencia, respeto a las decisiones, libertad para decidir, información fidedigna para dirigir el deseo hacia lo que orgánicamente y emocionalmente es conveniente para cada mujer son los reclamos que estas mujeres traen al interpelar los modos en que el Sistema de salud dimensiona los partos. Atender este pedido tal vez sea un modo de consensuar deseos privados y políticas de Estado.

Publicada em: 25/01/2012

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