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Chile

"Juízes na sua cama"

Rabia e impotencia son los mejores adjetivos que describen el ánimo de miles de mujeres y hombres que protestaron, protestan y protestarán este mes en Chile para advertir a la ciudadanía sobre la decisión del Tribunal Constitucional, conocido el viernes 4 de abril a través de un comunicado de prensa. En una decisión inapelable, los jueves votaron (por mayoría de cinco votos contra cuatro) a favor de suspender la distribución de la píldora del día después en los consultorios públicos, pero no así de la colocación de Dispositivos Intrauterinos (DIU) en las mujeres que se atienden en todos los consultorios del país, política de salud que fue implementada en los años 60 bajo la presidencia de un demócrata cristiano.

El Tribunal acogió la solicitud de 36 diputados de derecha contra las Normas de Regulación de la Fertilidad en sólo uno de los cuatro puntos: declara inconstitucional la norma “que ordena al sistema público de salud aconsejar y distribuir los métodos de "Anticoncepción Hormonal de Emergencia", conocidos genéricamente como "píldora del día después". El fallo no tiene otro alcance y no se pronuncia acerca de la comercialización de producto farmacéutico alguno.

Quedaron fuera de la decisión el Dispositivo Intrauterino (popularmente conocido como “T de cobre”), las píldoras combinadas que contengan levonorgestrel y un estrógeno (todas las pastillas que dan en los consultorios) y la confidencialidad en la orientación y consejería a menores de edad acerca del uso de métodos de regulación de la fertilidad. La votación fue dividida entre cinco votos en contra y cuatro a favor de las normas.

Quien inclinó la balanza es un ex ministro demócrata cristiano, quien desconoció los debates del Congreso ideológico de su partido y está imponiendo sus opciones personales al conjunto de la población.

Es evidente, y así lo han destacado las autoridades del Ministerio de Salud, del gobierno, de los partidos políticos, los gremios de la salud y las organizaciones de mujeres, que el dictamen afectará a las personas que tienen menos recursos y se atienden gratuitamente en los servicio de salud pública, aumentando así las desigualdades existentes y por consiguiente el círculo de la pobreza.

¿Por qué un tribunal tiene que normar decisiones individuales como son todas aquellas vinculadas a la sexualidad?, ¿Qué legitimidad tiene esta instancia compuesta por ocho hombres –uno se inhabilitó– y sólo una mujer para decidir sobre estos asuntos? El Tribunal Constitucional de Chile es un órgano del Estado chileno, autónomo e independiente de toda otra autoridad o poder, con naturaleza jurídica de tribunal colegiado. De sus resoluciones no procede recurso alguno en contra, sin perjuicio de que el tribunal, por sí, rectifique los errores de hecho en los cuales haya incurrido. Creado originalmente por una reforma constitucional del 23 de enero de 1970, fue disuelto por el Decreto Ley Nº 119 del 10 de noviembre de 1973. La Constitución pinochetista de 1980 lo repuso como organismo constitucional autónomo, siendo modificado en forma sustancial mediante la reforma constitucional de 2005. Este enclave autoritario aún pena en Chile. La decisión judicial tomada el viernes implica un retroceso en las políticas de planificación familiar. En pleno siglo XXI, una institución creada por la dictadura con miembros que no pueden ser acusados constitucionalmente impondrá su visión a la población chilena de manera inapelable. El fallo es definitivo y resolverá lo que millones de mujeres puedan hacer respecto de su vida sexual y reproductiva.

Pero frente a este fallo inapelable, ¿existe algún resquicio legal que se pueda aplicar?

Por ahora, numerosas organizaciones se han articulado en un “movimiento por la defensa de la anticoncepción” a lo largo del país y difunden la Campaña a través de un blog creado para ello. Incluso se ha propuesto la realización de un referendum, aunque no resulte hoy viable constitucionalmente. A su vez, las organizaciones se preparan para hacer presentaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La alternativa de legislar sobre el tema y consagrar por ley los derechos sexuales y reproductivos no aparece del todo viable puesto que los parlamentarios de la comisión de salud archivaron, hace varios años, un proyecto de Ley Marco sobre el tema al votar en contra de su discusión. Menos viable aún sería que la Presidenta Michelle Bachelet presentara una reforma constitucional que consagrara el derecho a la planificación familiar en la Constitución Política del Estado, dado que requiere quórum calificado y la derecha no daría los votos necesarios para su aprobación.

Este episodio nacional parece un relato medieval en el que el Tribunal Constitucional viene a reemplazar al de la Inquisición imponiendo su “verdad” y sus creencias.

De allí el grito que han repetido las y los manifestantes en las calles: Alerta, alerta, alerta ciudadana Ahora los Jueces se meten en tu cama

Haga click aquí para conocer y apoyar la Campaña por la Defensa de la Anticoncepción

Publicada em: 08/04/2008

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