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Chile

O debate continua

Todo indicaba que la discusión respecto del libre acceso a la Píldora de Anticoncepción de Emergencia (PAE) había quedado archivada el tema cerrado, cuando en abril de 2008 el Tribunal Constitucional impidió al Ministerio de Salud seguir incluyendo el medicamento en las políticas sobre fertilidad. Sin embargo, la discusión sobre su acceso regresa, en plena campaña electoral, con más fuerza que nunca. ¿Qué fue lo que impulsó que el tema de la Anticoncepción de Emergencia se instalase nuevamente en la agenda ciudadana, en el debate parlamentario y como tema obligado de los candidatos presidenciales?

El 16 de junio pasado, la Contraloría General de la República (CGR) emitió un dictamen que prohíbe definitivamente a municipios y entes públicos y privados (incluyendo ONGs y clínicas) que tienen convenios con el Sistema Nacional de Servicios de Salud cualquier acción que implique entregar la píldora del día después (mientras el medicamento continúa vendiéndose libremente en farmacias). El dictamen responde a una solicitud de la Asociación de Municipios y de los grupos denominados Pro Vida, para determinar los alcances jurídicos y reglamentar el fallo del Tribunal Constitucional.

Las reacciones frente a esta resolución fueron inmediatas. Cerca de 50 mujeres llegaron hasta el frontis de la Contraloría para protestar contra la decisión, apelando en nombre de la libertad sexual y reproductiva. El gobierno, por su parte, a la vez que intenta revertir la resolución de la CGR, ingresó con carácter de urgencia un proyecto de ley destinado a asegurar información y consejería a todas las mujeres, regular el uso de todos los métodos anticonceptivos reconocidos por la Organización Mundial de la Salud y su distribución en la red pública.

El miércoles 3 de julio comenzó el debate en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y todo indica que habrá una confrontación con los sectores más conservadores. Varios parlamentarios pidieron presentar indicaciones al texto, por lo que el Ejecutivo accedió a retirar el carácter de urgente, con el compromiso de que se vote el 13 de julio en dicha comisión y el 15 del mismo mes en el plenario de la Cámara. De cumplirse estos plazos, el proyecto podría terminar su tramitación en el Senado en agosto. Sin embargo, ante los reparos surgidos sobre la constitucionalidad de la iniciativa, no se descarta que la misma deba pasar por la Comisión de Constitución.

La letra del proyecto

Concretamente, el proyecto otorga “una habilitación general para que todos los órganos de la Administración del Estado realicen planes, programas y acciones relativos a la satisfacción de los derechos de la población a recibir información y orientación sobre regulación de la fertilidad, a recibir una educación para la vida afectiva y sexual, elegir libremente y acceder a los métodos de regulación de la fertilidad”.

El proyecto, que consta de tres artículos, tiene como objeto “reconocer legalmente los derechos que las personas tienen en materia de regulación de su fertilidad y, como contrapartida, los deberes que el Estado tiene en la materia”. Se fundamenta en una historia de políticas públicas de “paternidad responsable” iniciada en 1962, que otorga un rol importante a los derechos, señalando que “las personas son libres para decidir si utilizan o no anticoncepción de acuerdo a sus valores personales. Pero si se deciden a emplearlos, esto debe verificarse en condiciones de equidad, seguridad, confidencialidad y respeto. Para ello el Estado no sólo entrega un método, sino también el juicio de un profesional responsable y una orientación destinada a que la persona tome una decisión informadamente”. Otro de sus pilares es el rol del Estado frente a los grupos que resultan más vulnerables, particularmente, la población adolescente y las inequidades reproductivas que las afectan.

El primer artículo reconoce el derecho de todas las personas, sin distinción ni discriminación de ninguna clase a recibir información y orientación en materia de regulación de la fertilidad, la que debe ser a la vez, clara, comprensible, completa y, en su caso, confidencial, de modo en que las personas puedan tomar elecciones libres, informadas y de manera confidencial.

El segundo artículo reconoce “tanto el derecho de elegir libremente, sin coacciones de ninguna clase, los métodos de regulación de la fertilidad, como el de acceder a estos métodos”. La intención es asegurar que cada persona elija y acceda a los métodos de regulación de su fertilidad sin intervenciones en su libertad, ya sea por parte del Estado o de otros individuos o grupos.

Es en este ámbito donde parlamentarias y parlamentarios de derecha presentarán indicaciones, particularmente, sobre las consejerías profesionales a las menores de edad. Ello restaura la discusión del año pasado que estuvo marcada por el rechazo a la entrega de anticoncepción de emergencia a adolescentes sin el consentimiento de los padres o responsables legales. Otro punto será la entrega bajo receta médica y el proceso de distribución, considerando el nivel de congestionamiento de ciertos consultorios.

El tercer artículo está destinado a establecer las acciones que deben adoptar los órganos de la Administración del Estado con competencia en las materias de este proyecto, abarcando tanto a los Servicios de Salud, como a los centros asistenciales de su dependencia. Este deber se traduce, en primer lugar, en la elaboración de planes por parte de los órganos públicos para cumplir sus objetivos. En el contexto de tales planes, las personas –mujeres y hombres– pueden exigir una prestación efectiva, pudiendo acceder a métodos anticonceptivos tanto hormonales como no hormonales, tales como los combinados de estrógeno y progestágeno, métodos anticonceptivos de progestágeno solo, hormonales de emergencia y no hormonales, naturales y artificiales.

Reacciones: las posturas de la derecha

Los candidatos que pugnan por la presidencia, Eduardo Frei y Sebastián Piñera, debieron reaccionar frente al tema, comprometer su apoyo y enfrentar las divergencias existentes en cada bloque. Abanderado de la Concertación, el senador Frei sabe que los parlamentarios oficialistas que adhieren a su candidatura apoyarán el proyecto y respaldó decididamente la propuesta de La Moneda. Sin embargo, persisten tensiones al interior de su partido, la Democracia Cristiana (DC).

El abanderado de derecha, Sebastián Piñera, por el contrario, no parece tener una tarea fácil al pretender ordenar a los parlamentarios de Renovación Nacional (RN) y, especialmente, la Unión Demócrata Independiente (UDI), a los que dejó en “libertad de acción”. Si bien la gran mayoría del RN ya declaró que apoyará el proyecto (con algunas indicaciones restrictivas), se mantiene un sector duro, liderado por el diputado José Antonio Kast, que ya amenazó con recurrir al Tribunal Constitucional si se aprueba esta ley.

Sin embargo, es poco probable que el parlamentario pueda conseguir las 32 firmas requeridas para ello. Chile vive un período eleccionario y más del 80% de la ciudadanía, según diversos sondeos de opinión, apoyan decididamente la distribución del fármaco . El diputado de derecha Iván Moreira, al manifestarse a favor de la píldora del día después, explicó que “ésta no es una guerra santa, aquí se trata de corregir con la ley una discriminación y una desigualdad, todos tenemos derechos a defender nuestras propias convicciones”.

Pero el diputado Kast, junto a parlamentarios afines a su postura, se reunió con un grupo de pastores evangélicos e hizo un llamado a los políticos cristianos para que actúen “sin tibieza” y fieles a sus valores a la hora de adoptar una posición sobre el proyecto. “Como cristianos acogemos plenamente el llamado de los pastores de las iglesias evangélicas y católica a defender el derecho a la vida y a la familia chilena, amenazado por las insistencias para imponer que se legisle sobre la unión de parejas homosexuales y, por otra parte, de seguir intentando la distribución de una píldora donde hay dudas razonables de que puede ser abortiva”, expresaron.

Todo indica que, siendo un tema eminentemente político, se lo ha “electoralizado”, lo que puede beneficiar la apuesta de La Moneda para avanzar en aspectos del programa de gobierno hasta la fecha bloqueados por la minoría conservadora. Ya hay voces que hablan de “los diputados de la minoría imponiendo a la mayoría”, o frases como “por un parlamento decente y eficiente, no a la reelección de estos parlamentarios”. El gobierno también ha hecho pública su postura a través de su ministra vocera, Carolina Tohá, quien defendió el derecho de cada persona a elegir el método anticonceptivo que sea legal en el país, donde la decisión de consumir la píldora “tiene que ser de los ciudadanos, no de los alcaldes, ni de los ministros de turno”, precisó.

Para Horacio Croxatto doctor en fisiología de la Universidad de Santiago, quien ha estudiado por más de 50 años el fármaco, “no hay estudios científicos que afirmen que la píldora del día después sea abortiva. Sólo son conjeturas. La gente del Tribunal (el fallo de abril del año pasado) mal usó mis estudios al respecto, dominados por cuestiones dogmáticas y religiosas. Simplemente votaron de acuerdo a lo que les dijo el clero”. Sus argumentos, sustentados en años de investigación, aún no tienen eco en el ala más conservadora de la derecha, aunque esta semana hará una presentación sobre el tema ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados que debe estudiar el proyecto. Croxatto es optimista y cree en la aprobación de esta ley, “porque no puede haber en este país dictadura moral. Todas la personas tienen autonomía para decidir”, concluyó.

proyectoleypilula_chile.pdf | Para acceder al proyecto completo haga click aquí | |

Publicada em: 07/07/2009

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