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Peru

Desafios na saúde materna

El Segundo Informe sobre el Derecho a una Maternidad Segura de la Defensoría del Pueblo reveló problemas estructurales, vacíos y deficiencias en las estrategias del sistema de salud pública de Perú, que constituyen un obstáculo para superar los altos índices de mortalidad materna y hacer sostenibles los avances que se han alcanzado en ese sentido.

Realizado con el fin de contribuir a mejorar la salud de las mujeres, modificar su situación de discriminación y evitar decesos por causas evitables, el informe llama la atención sobre la situación de extrema pobreza y exclusión que subyace bajo el problema de la muerte materna y señala que el débil impacto de algunas políticas de salud destinadas a combatirla responde, entre otras causas, al desconocimiento de los enfoques de derechos y de equidad de género por parte de los operadores estatales encargados de aplicarlas. Al respecto, el documento señala que “Existe una significativa coincidencia entre las regiones con mayores índices de muertes maternas y aquellas en las cuales se concentran los quintiles más pobres de nuestra población. Se trata, por ende, de un problema que refleja las inequidades estructurales del sistema de salud, culturales y de género que existen en la sociedad peruana”.

Un dato que resulta revelador es que el 80% de los casos de mortalidad materna en el Perú se concentre en las regiones más alejadas de las capitales y con mayor población rural, indígena y en extrema pobreza.

De espaldas a las necesidades de las usuarias

El informe señala como problemático el bajo nivel de complejidad que tiene la mayor parte de los establecimientos de salud ubicados en estas zonas. Esto obliga a las gestantes en riesgo a salvar grandes distancias en busca de otros establecimientos de salud que les brinden las prestaciones que requieren.

Una de las constataciones de la Defensoría del Pueblo es que más de un tercio de los hospitales visitados por sus representantes para realizar el informe carecen de banco de sangre, insumo indispensable para salvar la vida de las mujeres con complicaciones durante el parto y puerperio.

En tal sentido, la Defensoría del Pueblo recomienda hacer inversiones en el fortalecimiento de los servicios de salud de las zonas con alto índice de ruralidad y muerte materna en el país y mejorar su disponibilidad y accesibilidad durante las 24 horas del día, para asegurar que las gestantes de las zonas rurales accedan a los cuidados adecuados.

La investigación detectó deficiencias en la información que se brinda a las usuarias sobre los signos de alarma que deben atender durante el embarazo, parto y puerperio. Esta información es indispensable para que ellas estén en capacidad de tomar decisiones adecuadas y oportunas para evitar situaciones de riesgo.

El documento también señala que los operadores de salud suelen desconocer las técnicas del parto vertical (práctica adoptada por la mayoría de las mujeres andinas y amazónicas para dar a luz) y conminan a las gestantes a adoptar la práctica del parto horizontal (acostadas), sometiéndolas a prácticas ajenas a su contexto cultural. También se constató que los servicios de salud pocas veces difunden y promueven esta modalidad de atención que, según la norma vigente, debe estar disponible inclusive en las zonas urbanas, donde puede ser requerida por mujeres migrantes. Por ello recomienda adoptar las medidas necesarias para hacer efectiva la Norma Técnica de Parto Vertical, “así como cualquier otra estrategia destinada a promover la incorporación de las prácticas culturales en la atención de la salud reproductiva de las mujeres”.

Por otro lado, se reportó que muchos de los establecimientos de salud visitados no realizan la pesquisa de violencia prescrita por las Guías Nacionales para la Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva y la Guía Técnica de Atención Integral de las Personas Afectadas por la Violencia basada en el Género. Con esta omisión, señala el informe, el sistema de salud está faltando a su deber de proteger la integridad física y psicológica de las usuarias, poniendo en situación de grave riesgo tanto a la gestante como al niño o niña por nacer.

Autonomía, derechos y empoderamiento

Rocío Gutiérrez, responsable del Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Movimiento Manuela Ramos, considera que el informe de la Defensoría del Pueblo permite entender las dificultades que enfrenta el sistema público de salud para reducir significativamente la mortalidad materna, pese a los esfuerzos que desde hace más de una década se vienen realizando con ese fin.

Para Gutiérrez, no basta con mejorar las condiciones de vida de las mujeres en zonas rurales y de pobreza crítica para lograr cambios sostenibles frente a la mortalidad materna; se requiere además invertir en su empoderamiento y en fortalecer su autonomía frente a la toma de decisiones para el cuidado de su salud y el uso de métodos anticonceptivos. “No se puede hablar de maternidad segura y saludable mientras las mujeres sufran violencia, mientras no tengan autonomía para acudir al centro de salud, o no dispongan de los recursos para ello, porque salir de sus centros poblados muchas veces implica caminar dos días o transportarse por río durante muchas horas”, declaró Gutiérrez.

Asimismo, la experta destacó la necesidad de contribuir a que el cuidado y la salud de la mujer adquieran mayor relevancia en sus comunidades, de modo que éstas faciliten la evacuación de las gestantes que requieren atención urgente. La especialista también consideró necesario avanzar en el reconocimiento de las particularidades de la sexualidad adolescente e implementar políticas realistas y efectivas que contribuyan al cuidado de la salud sexual y la prevención de embarazos no deseados en esta población. Al respecto, recordó que en el Perú el 15% de casos de muerte materna corresponde a mujeres adolescentes y que en las zonas con mayor mortalidad este índice asciende hasta el 20%.

En cuanto a la calidad de la atención señaló que la capacitación continua del personal de los establecimientos de salud enfatiza el aspecto técnico, pero no incorpora un enfoque que considere a las mujeres no sólo como usuarias, sino como portadoras de derechos. “Ese vacío en la formación del personal de salud es la causa de que no se informe adecuadamente a las usuarias, o de que se transgreda su libertad de tomar decisiones en lo que concierne a su propia salud”, precisó, al tiempo que señaló que la constante rotación del personal en el sector salud agrava aún más este problema.

Gutiérrez aseveró que en la implementación de los servicios de salud persiste una mirada “de arriba hacia abajo”, puesto que el grueso de la inversión se ha destinado a los establecimientos de mayor complejidad y no se ha priorizado el fortalecimiento de los puestos de salud de las zonas más alejadas, que carecen del equipamiento necesario para prestar atención básica a las mujeres que la requieren.

La última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) 2009 señala que la mortalidad materna en Perú ha descendido notablemente. Actualmente es de 103 por cien mil nacidos vivos, cuando anteriormente era de 185. Aun con ese avance, el Perú ostenta uno de los más altos índices de muerte de las mujeres por causas relacionadas con el embarazo, parto y puerperio en la región.

La inversión en infraestructura sanitaria y en capacitación técnica del personal de salud es solo un aspecto de la solución; se requiere también atacar la pobreza y exclusión que rodean a la muerte materna, promover el empoderamiento y autonomía de las mujeres y entrenar a los equipos de salud para que respeten las decisiones de las usuarias y conozcan el contexto cultural en el que se desenvuelven.

Publicada em: 26/08/2010

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